Ciudad de México.- El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular por mayoría calificada, el proyecto de reforma constitucional que establece como requisito indispensable poseer exclusivamente la nacionalidad mexicana para quienes busquen competir por la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Con una votación de 86 sufragios a favor por parte de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y 42 votos en contra de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la iniciativa fue remitida a los congresos de los estados, requiriéndose la aprobación de al menos la mitad más uno para su promulgación e ingreso en vigor.
ALCANCE DE LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES
El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política en materia de nacionalidad única para la titularidad de los Ejecutivos federal y locales.
La disposición señala que las personas con otra nacionalidad que pretendan contender por dichos cargos deberán renunciar formalmente a ella previo a su registro ante las autoridades electorales.
Asimismo, la normativa específica que la prohibición comprende la renuncia explícita al uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por gobiernos extranjeros, el ejercicio de derechos políticos ante otra nación y el acogimiento a cualquier esquema de protección diplomática externa.
Senadores de oposición apuntaron que esta condición aplicaría directamente a casos como el de la senadora con licencia Jasmine Bugarín, quien posee doble nacionalidad por haber nacido en Estados Unidos.
DEFENSA DEL OFICIALISMO: SOBERANÍA Y LEALTAD INSTITUCIONAL
Durante el debate en la Cámara Alta, los promoventes de la Cuarta Transformación argumentaron que la medida busca salvaguardar la soberanía nacional y asegurar la lealtad de quienes encabecen responsabilidades clave de Estado, como la seguridad pública y la política exterior.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, sostuvo que la enmienda no pone en duda el patriotismo ni la identidad de la comunidad migrante, sino que delimita las reglas para el ejercicio del poder público.
Por su parte, el senador Saúl Monreal Ávila indicó que la renuncia jurídica a una nacionalidad previa no invalida los orígenes ni la historia familiar del aspirante, mientras que la senadora Rocío Corona Nakamura (PVEM) y el legislador Oscar Cantón Zetina (Morena) defendieron el patriotismo de la iniciativa ante posibles injerencias externas.
SEÑALAMIENTOS DE DISCRIMINACIÓN Y TRABAS BUROCRÁTICAS
En contraste, legisladores de la oposición calificaron el proyecto como un retraso en materia de derechos políticos.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano) advirtió que supeditar el registro de un candidato a la realización de trámites ante oficinas consulares extranjeras deja la competencia electoral en manos de tiempos y decisiones burocráticas de otros países.
A su vez, representantes del PRI, como Manuel Añorve y Alejandro Moreno, aseveraron que la lealtad a la patria se demuestra con el cumplimiento de la Constitución y no con un pasaporte, tildando la iniciativa como un menoscabo hacia los mexicanos en el exterior.
Finalmente, la senadora Laura Esquivel Torres (PAN) criticó que la reforma restrinja el derecho a ser votados a los connacionales residentes en el extranjero.
IMCM
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