EFE
Ciudad de México.- Dos mexicanos fueron arrestados en Connecticut, Estados Unidos, por el tráfico ilegal de personas, a quienes alojaban en su casa en Hartford y forzaban a trabajar bajo amenazas de tarifas, intereses y otros gastos de manutención exorbitantes, informaron este jueves la Fiscalía general y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por siglas en inglés).
María del Carmen Sánchez Potrero, de 69 años, y Francisco Paredes Espinoza, de 56 años, fueron acusados de conspirar para el contrabando, transportar y albergar o inducir a extranjeros a EU, por los que enfrentan una sentencia de 10 años.
También fueron acusados de conspirar para el tráfico de mano de obra y por extorsión, delitos que se castigan con 20 años de prisión, agrega el comunicado conjunto de las autoridades.
Indica además que Sánchez, conocida como "Carmela", y Apolinar, "Pancho", permanecen en prisión por orden del juez Robert A. Richardson, quien fijó una audiencia de fianza para la mujer para el próximo 8 de marzo.
De acuerdo con la acusación, el FBI y la Policía de Hartford entrevistaron, a partir de septiembre pasado, a unos 10 mexicanos que dijeron que fueron traídos de contrabando a EU desde su país y llevados hasta Hartford, por la cantidad de 15 mil y 20 mil dólares, que debían pagar una vez estuvieran en territorio estadounidense.
En la mayoría de los casos, los acusados les exigieron entregarles la escritura de una propiedad como garantía antes de salir de México.
Sánchez y Paredes crearon documentos falsos para las víctimas, incluidas la tarjeta de residencia permanente, así como del seguro social y les ayudaron a encontrar empleo en el área de Hartford; a algunos se les exigió además realizar tareas domésticas o que ayudaran a Paredes en sus responsabilidades laborales sin compensación y sin que se redujera ese trabajo de su deuda.
Se precisa que Sánchez rara vez proporcionó a las víctimas un informe de su deuda y que, si no hacían los pagos regulares, o en las cantidades exigidas, les amenazaban, lo que incluía hacerles daño a sus familias en México, quedarse con la propiedad que habían dado como garantía, denunciarles con las autoridades estadounidenses o aumentar los intereses de lo que pagaban.
En un caso, Sánchez presuntamente amenazó a una de sus víctimas con llamar a la Policía con haber sido víctima de un intento de violación.
El comunicado indicó que la investigación del caso fue un trabajo conjunto entre las autoridades de Connecticut, las de inmigración y el FBI.
