Ciudad de México.- Tras hacerse pública la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra servidores públicos en funciones de Morena por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, uno de los señalados, el senador Enrique Inzunza Cázarez, rechazó de manera tajante los señalamientos a través de sus redes sociales, calificándolos como "falsos y dolosos" y con una clara intencionalidad política.
Inzunza sostiene que esta acción legal es una represalia por su defensa de la soberanía nacional desde la tribuna del Senado.
En un mensaje contundente, el legislador afirmó:
Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación, y de los valores y principios que enarbolamos”.
Asimismo, defendió su identidad y origen en Badiraguato, Sinaloa, rechazando la estigmatización:
Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”.
Los cargos de la Fiscalía de Nueva York y la DEA
Según el expediente abierto en territorio estadounidense, el legislador es señalado como un componente clave en una "conspiración corrupta y violenta" diseñada para inundar de drogas el mercado de Estados Unidos. Las autoridades sostienen que el legislador, abusando de su posición, se habría asociado con la facción de "Los Chapitos", liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Los delitos específicos que enfrenta el senador sinaloense incluyen:
- Conspiración para la importación de narcóticos: Tráfico masivo de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
- Posesión de armas de alto poder: Cargos relacionados con el uso de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Corrupción institucional: Se le acusa de vender su cargo a cambio de sobornos millonarios y de filtrar información confidencial de las fuerzas del orden para proteger a líderes del cártel.
Debido a la gravedad de estas imputaciones, Inzunza podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de cárcel o incluso cadena perpetua en caso de ser procesado y hallado culpable en los Estados Unidos.
Una red de protección institucional bajo sospecha
La investigación estadounidense no se limita al senador. El expediente señala a un total de diez funcionarios y exfuncionarios, encabezados por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Según la fiscalía, esta red habría recibido millones de dólares para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad, convirtiendo la administración pública en un brazo logístico del crimen organizado.
Entre las acciones señaladas por la DEA se encuentra el presunto uso de corporaciones policiales estatales y locales para custodiar cargamentos de droga y frustrar operativos militares.
De la judicatura al Senado
Enrique Inzunza Cázarez cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico de Sinaloa. Fue magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado entre 2016 y 2021. Posteriormente, se integró al gabinete de Rubén Rocha Moya como secretario general de Gobierno, cargo que dejó para ocupar su actual escaño en el Senado por la bancada de Morena.
Pese a la gravedad de los cargos, el senador acudió recientemente al recinto legislativo únicamente para pasar lista, refugiándose después en su oficina para evitar cuestionamientos de la prensa. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya ha recibido solicitudes de detención provisional con fines de extradición relacionadas con este caso.
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