Redacción
Ciudad de México. – Integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados, la Federación de Abogados de Sinaloa, colegios jurídicos locales y el Frente Cívico Sinaloense presentaron el martes ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) una denuncia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presunta vinculación con integrantes del crimen organizado y posibles omisiones en garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El recurso legal fue interpuesto ante la instancia dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta comisión de diversos delitos: ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones, encubrimiento, delitos relacionados con la administración de justicia y presunta delincuencia organizada.
Omisiones frente a la violencia en Sinaloa
Los abogados aseguraron que el gobernador ha mostrado omisiones frente a la creciente violencia en el estado y ha obstaculizado investigaciones que afectan a la población. Como ejemplo mencionaron el caso de Héctor Melesio Cuén, que aseguran, fue objeto de un montaje durante la gestión de la entonces fiscal Sara Bruna
También señalaron que se debe investigar por qué Rocha Moya realizó un viaje el 25 de julio de 2024, día en que se registró el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, en la misma zona. Los denunciantes vinculan este evento con un repunte de violencia que persiste hasta la fecha, documentando entre septiembre de 2024 y febrero de 2026: 2 mil 883 homicidios, 3 mil 314 privaciones de la libertad y 9 mil 714 robos de vehículos.
Implicaciones económicas y sociales
Según los denunciantes, la violencia ha afectado la economía local, negocios, transporte y la vida cotidiana de los ciudadanos.
Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Además, los abogados presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, documentando 16 presuntas violaciones a derechos humanos, incluyendo derecho a la seguridad, a la legalidad y a vivir libre de violencia.
Los denunciantes señalaron que previamente acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, sin recibir respuesta, y advirtieron que, de persistir la situación, recurrirán a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.