Ciudad de México.- El panorama político en México ha dado un paso decisivo con la aprobación del llamado "Plan B" de la reforma electoral en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República. Tras un intenso debate de más de cinco horas, el dictamen obtuvo 24 votos a favor y 11 en contra, permitiendo su avance al pleno de la Cámara Alta para su discusión definitiva.
Esta nueva iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, surge como una alternativa tras no prosperar la propuesta original. A diferencia de su predecesora, esta versión ya no propone eliminar a los legisladores plurinominales ni modificar el presupuesto directo de los partidos o del INE, centrándose en ajustes estructurales y de austeridad en otros niveles de gobierno.
Principales cambios: Regidurías y topes salariales
Uno de los pilares del Plan B es la reorganización de los ayuntamientos. La propuesta establece que los municipios cuenten con entre una y 15 regidurías, asegurando siempre el cumplimiento de los principios de paridad de género en su designación.
En cuanto a la administración de recursos, la reforma busca homologar los criterios salariales bajo la premisa de la Cuarta Transformación:
- Topes salariales: Ningún funcionario del INE, organismos locales o tribunales electorales podrá ganar más que la presidenta de la República.
- Ahorro legislativo: Se estipula una reducción del 15% real respecto al presupuesto de 2026 para el Senado, distribuido en cuatro ejercicios.
- Límite a Congresos locales: El presupuesto anual de los congresos estatales no deberá exceder el 0.70% del presupuesto total de egresos de la entidad.
La polémica Revocación de Mandato en 2027
El punto más álgido de la discusión ha sido la consulta de revocación de mandato, cuya fecha propuesta es el domingo 6 de junio de 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias. Según la presidenta Sheinbaum, este empalme busca "ahorrar dinero al Gobierno" y evitar el agotamiento de la ciudadanía.
Sin embargo, la oposición ha denunciado lo que consideran "reglas turbias". El dictamen permite que la presidenta promueva el voto a su favor desde sus conferencias matutinas, mientras que la oposición tendría restricciones para hacer campaña en contra.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, calificó este ejercicio como una “ratificación de popularidad” en lugar de un proceso democrático real.
Posturas encontradas: "Iniciativa chafa" vs. "Fin de privilegios"
El debate en comisiones dejó ver la profunda división entre los bloques parlamentarios:
- Desde la oposición: El senador panista Ricardo Anaya fue tajante al calificar el proyecto como una “iniciativa pobre, chafa y mal hecha” y un “bodrio de reforma”. Por su parte, Marko Cortés denunció que es la primera vez que una reforma electoral “se construye desde el poder para el poder”.
- Desde el oficialismo: Pável Jarero Velázquez (Morena) defendió la esencia del proyecto señalando: “El pueblo pone, el pueblo quita y el pueblo tiene en su posibilidad decidir si un gobernante debe continuar o debe de irse”. Luis Alfonso Silva Romo (PVEM) añadió que el malestar de la oposición se debe a la "reducción de privilegios" que conlleva la iniciativa.
La fractura con el PT y el camino al Pleno
Un dato relevante fue la ausencia de los senadores del Partido del Trabajo (PT) durante la votación en comisiones. El PT ha manifestado su desacuerdo con que la revocación de mandato coincida con las elecciones de 2027, ya que ese año se renovarán 17 gubernaturas, muchas de ellas bastiones estratégicos, lo que podría generar conflictos en los procesos locales.
Pese a estas fricciones internas en la coalición oficialista, el dictamen ya está en manos del pleno del Senado, donde se espera una votación inminente que definirá el futuro de las reglas electorales en México.