Ciudad de México.- El escenario político en México se tensa tras el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) para que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, comparezca el próximo miércoles 27 de mayo en Ciudad Juárez. Roberto Gil Zuarth, abogado de la mandataria, ha calificado este acto como un "acto de hostigamiento, de una persecución política".
El citatorio: ¿Testigo o inculpada?
La controversia principal radica en la naturaleza jurídica del documento enviado por la fiscalía. Según la defensa, aunque formalmente se le cita en calidad de testigo, el texto invoca fundamentos legales que corresponden exclusivamente a un inculpado.
Gil Zuarth señaló en entrevista que el documento presenta irregularidades graves: "El citatorio invoca elementos que pudieran equiparar al inculpado, porque si bien se le cita como testigo, se invocan fundamentos legales que sólo aplican para inculpados". Además, se le exige comparecer acompañada de un abogado defensor, una condición propia de una acusación formal y no de un testimonio ordinario.
Denuncia penal contra el Ministerio Público
Ante lo que consideran una violación procesal, la defensa de la gobernadora presentará una denuncia penal fundamentada en el Artículo 225, fracción 19, del Código Penal Federal. El argumento central es que el Ministerio Público ha iniciado un procedimiento penal contra un servidor público que goza de fuero constitucional sin haber agotado el proceso previo de declaración de procedencia.
Un Ministerio Público con un mínimo grado de profesionalismo sabe perfectamente bien que no puede citar a comparecer a una gobernadora de estado como testigo o imputado", detalló Roberto Gil.
El riesgo de una "retención ilegal"
Existe un temor fundado por parte del equipo legal y del Partido Acción Nacional (PAN) de que la FGR intente una retención ilegal de la gobernadora durante su comparecencia en Ciudad Juárez. La defensa sostiene que el citatorio no aclara el hecho específico de la carpeta de investigación, lo que refuerza la percepción de una "trampa".
El origen de esta investigación federal se remonta a un operativo en abril de 2026 en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fallecieron dos agentes de la CIA y dos de la Agencia Estatal de Investigación. La FGR investiga la actuación de las autoridades estatales ante la presencia no autorizada de agentes extranjeros.
Respeto al fuero y Estado de Derecho
La defensa enfatiza que cualquier procedimiento penal contra una gobernadora en funciones requiere primero un desafuero aprobado por la Cámara de Diputados y el Congreso local. Al ignorar este paso, la fiscalía estaría actuando fuera del marco constitucional.
A pesar de las denuncias de irregularidades y la falta de "buena fe" procesal, se ha confirmado que Maru Campos acudirá a responder el citatorio en los términos formulados, pero manteniendo la firme postura de defender su inmunidad y el Estado de Derecho frente a lo que consideran una persecución política evidente.
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