Como parte del Programa de Derechos Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) iniciaron los trabajos de evaluación para la certificación de intérpretes en lenguas indígenas en el estado de Nuevo León.
En una reunión de trabajo presidida por la Lic. Ismerai Betanzos Ordaz, Coordinadora de Derechos Indígenas de la CDI, en representación de la Lic. Nuvia Mayorga Delgado, Titular de la Institución; el Lic. Santiago Piccone Berlanga, Director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nuevo León y la Mtra. Alma Rosa Galicia Espíndola, Directora General Adjunta de Coordinación del INALI, se llevó a cabo formalmente a la última etapa del Proceso de Formación y Certificación de Intérpretes en Lenguas Indígenas Nacionales en el Ámbito de la Justicia en Nuevo León, en el cual participan un total de 24 personas, 12 nahuas, 6 tének, 4 otomíes y 2 mazahuas.
En su mensaje a los asistentes, donde también se encontraban funcionarios de la Procuraduría General de Justicia y del Instituto de la Defensoría Pública del estado de Nuevo León que colaboran en la realización de este proceso, la Lic. Betanzos felicitó a los candidatos a intérpretes por ser parte de este esfuerzo tan importante, además hizo un reconocimiento al gobierno del estado por el gran compromiso y voluntad política para apoyar el proceso, y con ello hacer vigentes los derechos de las personas indígenas en Nuevo León.
La evaluación de candidatos se realiza posterior a la etapa de formación que empezó el 26 de junio, en el marco de la celebración del 5º. Aniversario de la Publicación de la Ley de Derechos Indígenas (22 de junio, 2012). El pasado 26 junio también se realizó dentro del mismo evento la Firma del Convenio de Colaboración entre la CDI, el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, la Procuraduría General de Justicia, y el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, y que permitirá la realización de procesos de formación y acreditación de intérpretes en lenguas indígenas y además la realización de acciones de sensibilización en materia de derechos y cultura indígena para funcionarios públicos encargados de la administración y procuración de justicia.
Durante la reunión se presentó una síntesis sobre los principales aprendizajes que los participantes del proceso obtuvieron durante las casi 70 horas de formación. La Lic. Julieta Martínez (tének), presidenta de Zihuakali Casa de la Mujer Indígena de Nuevo León y el Prof. Reyes Jonguitud (nahua), profesor bilingüe del Departamento de Educación Indígena de la Secretaría de Educación del Gobierno de Nuevo León, sintetizaron los conocimientos adquiridos sobre el Nuevo Sistema de Justicia, la perspectiva de derechos humanos y equidad de género, así como una mayor comprensión de la realidad que viven los indígenas en el contexto urbano, el conocimiento acerca de las otras culturas, y por otro lado, lo enriquecedor que resultó el acercamiento a los espacios donde se imparte justicia.
Esta nueva realidad que vive Nuevo León ha hecho que en todos los ámbitos y espacios se ponga mayor atención a las necesidades de los indígenas para el acceso a la salud, la educación, los servicios, el empleo, y por supuesto, el acceso a la justicia en un marco de equidad, pues según los resultados de la Encuesta Intercensal del 2015, realizada por el INEGI, un total de 59 300 personas son hablantes de alguna de las lenguas indígenas nacionales, y un total de 352 mil neoleoneses se autoadscriben como indígenas, lo que representa el 6.88% de la población del estado.
En su intervención, el Director del Instituto de la Defensoría, hizo énfasis en la gran contribución que este proceso representa para el bienestar y los derechos de los indígenas en la entidad, y que, además, los intérpretes que logren la acreditación podrán apoyar a la Defensoría Pública en aquellos casos en los que haya personas indígenas que formen parte de un proceso legal.
A lo largo del proceso, se ha contado con la importante colaboración de Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, la Procuraduría General de Justicia y el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, además de la Unidad Noreste del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
