Ciudad de México.- El panorama de seguridad en México presentó una mejoría sin precedentes durante 2025. Según los resultados del “Índice de Paz México 2026” presentado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el país experimentó su avance más significativo de los últimos 13 años, consolidando una tendencia positiva por sexto año consecutivo.
Esta evolución favorable se atribuye primordialmente a un descenso generalizado en los índices de violencia en gran parte del territorio nacional.
No obstante, los especialistas advierten que la percepción de inseguridad y otros delitos específicos aún representan obstáculos críticos para la estabilidad social.
REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS Y PENDIENTES
De acuerdo con Michael Collins, director ejecutivo del IEP para las Américas, la cifra de homicidios registró una caída de 22.7% en comparación con 2024, lo que se traduce en 7 mil víctimas menos en un solo año.
A pesar de este logro, Collins subrayó que la crisis de desapariciones sigue siendo alarmante: durante 2025 se reportaron 35 mil personas con paradero desconocido, de las que 12 mil permanecen sin ser localizadas.
Por su parte, Lucía Carmina Jasso, investigadora de la UNAM, destacó que la paz en México avanzó 5.1%, la tasa más alta registrada desde que se realiza este estudio.
Sin embargo, el balance es desigual a nivel estatal: mientras que Yucatán, Chiapas y Tlaxcala se posicionan como las entidades más seguras, el entorno se deterioró en 10 estados, destacando a Colima, Sinaloa y Guanajuato como las zonas con mayores índices de violencia.
"CIUDADES ASUSTADAS" Y EL COSTO DEL CRIMEN
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la brecha entre la baja de delitos y la percepción ciudadana. El 75.6% de la población aún vive con miedo a la violencia, una situación que da lugar al concepto de "ciudades asustadas", donde tanto familias como empresas destinan recursos prioritarios a la protección y seguridad en lugar de a inversiones productivas.
Este clima de inseguridad tiene un costo tangible para la economía mexicana. Según el análisis de la UNAM, el impacto económico de la violencia se estima en cuatro billones de pesos, cifra que representa cerca de 11% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
El informe también analizó el enfoque del actual gobierno federal. Ana Laura Magaloni, directiva del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, calificó la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como la más adecuada en comparación con las tres administraciones anteriores.
Magaloni resaltó que el modelo actual se caracteriza por ser una estrategia focalizada en desarticular a los principales responsables de la violencia, alejándose de las políticas de uso indiscriminado de la fuerza que prevalecieron en el pasado.
A pesar de este respaldo técnico, los expertos del IEP insisten en que es un momento determinante para incrementar la inversión en seguridad pública y justicia para consolidar los avances logrados.
IMCM