Ciudad de México.- El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, exigió al Estado mexicano implementar una política nacional de prevención, investigar la colusión de funcionarios con grupos delictivos y frenar el impacto de la violencia sobre la infancia y educación.
En sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México —aprobadas el 13 de noviembre de 2026—, el Comité alertó que la delincuencia organizada provoca el cierre de centros educativos, la deserción escolar, el desplazamiento forzado de familias y la pérdida de empleos debido a extorsiones y amenazas.
El organismo internacional manifestó su profunda preocupación por el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales, así como por los casos de desaparición, explotación sexual y trata en los que las víctimas no son reconocidas legalmente como tales.
Asimismo, la ONU señaló que los bloqueos y la violencia de las bandas delictivas han interrumpido servicios de salud esenciales, como campañas de vacunación y tratamientos especializados, al impedir el paso de personal médico a diversas comunidades.
EXIGEN POLÍTICA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN
Ante la gravedad del diagnóstico, la ONU recomendó al gobierno mexicano adoptar de manera urgente una política nacional para prevenir el reclutamiento de menores, articulada mediante estrategias de prevención comunitaria en las que participen la sociedad civil y la propia infancia.
El dictamen insta a los tres órdenes de gobierno a establecer mecanismos de protección, garantizar la presencia de autoridades civiles para mantener los servicios públicos y priorizar la investigación y sanción de delitos como feminicidios, desapariciones y agresiones contra menores.
Además, recomendó evaluar de forma detallada —por estado y municipio— los efectos de la inseguridad en la niñez, las comunidades indígenas y las zonas rurales.
En relación con el funcionamiento de las instituciones, el Comité expresó alarma ante la posible complicidad de servidores públicos con organizaciones delictivas y la escasez de datos sobre investigaciones o condenas motivadas por esta colusión.
Por ello, exigió a las autoridades mexicanas indagar a fondo la participación de funcionarios con el crimen organizado, sancionar a los responsables y otorgar una reparación integral a las víctimas.
IMCM
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