Ciudad de México.- Un nuevo informe presentado por especialistas y organizaciones civiles reveló que los incidentes de tránsito representan una pesada carga financiera para el país, con un costo estimado de entre 55 mil y 92 mil millones de pesos al año.
Esta cifra, equivalente a entre 3 mil y 5 mil millones de dólares, contempla únicamente los gastos por atención médica y la pérdida de productividad laboral.
De acuerdo con el estudio titulado "El costo de los siniestros viales en México", el impacto económico de estos eventos alcanza niveles críticos para las finanzas públicas. En su escenario más alto, el costo representa el 0.3% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional o el equivalente al 4.4% de todo el presupuesto destinado a salud.
Belén Sáenz de Miera Juárez, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, precisó que estas cifras son conservadoras, puesto que el análisis no incluyó gastos por daños materiales ni la rehabilitación de largo plazo para sobrevivientes.
La especialista subrayó que mejorar la seguridad vial permitiría "liberar recursos" que actualmente se consumen atendiendo consecuencias que podrían evitarse.
VÍCTIMAS JÓVENES Y USUARIOS VULNERABLES
El informe destaca un panorama social alarmante: las muertes por tránsito son una de las principales causas de fallecimiento entre personas de 5 a 44 años.
Al ocurrir en etapas de plena vida laboral, el impacto económico por la pérdida de productividad se intensifica.
Asimismo, el estudio identifica una clara desigualdad en la exposición al riesgo. En las ciudades, ocho de cada diez fallecidos son usuarios vulnerables, específicamente peatones, ciclistas y motociclistas.
Entre los factores críticos que agravan las lesiones se encuentran el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la carencia de dispositivos de seguridad certificados.
NO SON "ACCIDENTES", SON FALLAS DEL SISTEMA
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, enfatizó la necesidad de cambiar la narrativa sobre estos eventos.
“Los siniestros viales son predecibles y evitables. No son ‘accidentes’ o imprevistos del azar; son el resultado de vacíos en la infraestructura, fallas en la regulación y falta de control de factores de riesgo”, sentenció.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes exigieron al gobierno federal acelerar la implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial aprobada en 2022.
Entre las demandas urgentes se encuentran:
• Reforzar los operativos de alcoholímetro y límites de velocidad.
• Actualizar las normas de seguridad vehicular para incluir frenado autónomo.
• Mejorar la infraestructura para proteger a peatones y ciclistas.
Finalmente, Andrés Atayde Rubiolo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, hizo un llamado para que la seguridad vial sea elevada a la categoría de “política de Estado”, garantizando así la protección de la vida y la estabilidad económica del país.
IMCM
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