La Defensoría de los Derechos Humanos del Publo de Oaxaca (DDHPO) pidió a la Corte Penal Internacional de la Haya, Holanda, sancionar los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano durante el conflicto social ocurrido entre mayo de 2006 y agosto de 2007, en el que hubo 30 muertos y se utilizaron “caravanas de la muerte” para intimidar a la población que exigía la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortíz.
Entre las autoridades señaladas por su presunta responsabilidad destacan, además de Ruiz Ortiz, los expresidentes de la República Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa que, de acuerdo con el ombudsmán oaxaqueño, Arturo Peimbert Calvo, “fueron omisas para investigar estos crímenes y frenaron también la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”,
Se trata de la primera acusación presentada formalmente por una instituición pública del país ante la Haya, que involucra exmandatarios mexicanos.
Pidió Defensor Peimbert a la Corte Penal de La Haya sancionar posibles crímenes de Estado en Oaxaca durante 2006 y 2007 https://t.co/T6efO4JRoC pic.twitter.com/1KxSOK42SG
— Derechos Humanos Oax (@DDHPO) 2 de mayo de 2019
Y es que la defensoría documentó que en los 15 meses que duró el conflicto hubo 30 posibles ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura, así como la desaparición forzada de por lo menos dos personas, conductas catalogadas como crímenes de lesa humanidad de acuerdo con la definición del artículo 7 del estatuto de Roma.
“El Estado empleó a las instituciones encargadas de la seguridad pública para idear e instrumentar planes de asedio en los que se formaron y se emplearon a grupos armados ilegales que tuvieron el objetivo de causar terror y desmovilizar a la población inconforme”, señaló la institución, cuya acusación fue respaldada por familiares y víctimas directas.
RVA
