Ciudad de México.- La organización ambientalista Greenpeace México ha escalado legalmente su exigencia de justicia tras el desastre ecológico registrado en el Golfo de México a principios de 2026. Este 28 de mayo, la ONG presentó dos denuncias formales —una ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y otra ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex)— para determinar la responsabilidad de altos funcionarios ante lo que califican como un manejo negligente de la emergencia.
Un desastre de más de mil kilómetros de alcance
El derrame, originado por una falla en un oleoducto de 36 pulgadas cerca de la plataforma Abkatún Alfa en la Sonda de Campeche, ha dejado una huella devastadora. Monitoreos satelitales y denuncias de la sociedad civil confirman que la contaminación por hidrocarburos alcanzó más de mil 100 kilómetros de costas, extendiéndose desde Paraíso, Tabasco, hasta los límites de Tamaulipas.
Entre los ecosistemas más afectados se encuentran:
- Manglares y playas estratégicas para la biodiversidad.
- El Corredor Arrecifal del Golfo de México.
- Zonas de pesca vitales para la economía de comunidades locales.
La acusación: "Se castiga la mentira, no el daño ecológico"
El eje central de las denuncias de Greenpeace no solo es la contaminación física, sino el manejo administrativo de la crisis. La organización solicita investigar al entonces director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y a otros servidores públicos por posibles actos y omisiones en el flujo de información.
Greenpeace sostiene que hubo un "presunto ocultamiento de información" mientras las comunidades costeras ya sufrían los impactos del arribo de chapopote a sus playas. La organización fue enfática al señalar: “Se castiga la mentira, no el daño ecológico”.
Pemex admite irregularidades técnicas y operativas
La presión de las organizaciones civiles obligó a Pemex a reconocer, en conferencias previas, una serie de fallas críticas que agravaron la situación:
- Pérdida de integridad mecánica y reparaciones no reportadas en su infraestructura.
- Ocultamiento de datos sobre el volumen de agua oleosa recuperada.
- Una demora injustificable de ocho días para cerrar la válvula principal tras la detección inicial de la fuga en febrero.
Exigencias de reparación y transparencia
A través de estas acciones legales, Greenpeace busca que las autoridades competentes, incluidas la Semarnat y la Profepa, entreguen toda la información relacionada con el evento ocurrido entre febrero y abril de 2026.
La organización exigió a la ASEA que se “investiguen e identifiquen a las personas responsables de la contaminación, garanticen la recuperación integral de ecosistemas marinos y costeros afectados, aseguren la disposición final adecuada de los residuos recolectados y establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades expuestas”.
Finalmente, el caso ha trascendido la esfera ambiental para convertirse en un foco de tensión internacional, especialmente en el marco de las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos, donde la gestión energética y ambiental de México está bajo la lupa.