Ciudad de México.- El pleno del Congreso del Estado de Veracruz aprobó retirar la inmunidad constitucional a los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván.
Ambos funcionarios, emanados del partido Movimiento Ciudadano (MC), quedaron separados de sus cargos para que la Fiscalía General del Estado (FGE) proceda legalmente en su contra por delitos de alto impacto.
Con una votación de 40 sufragios a favor (Morena y aliados) y ocho en contra (oposición), los legisladores determinaron que Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, debe enfrentar la justicia como presunto autor intelectual del feminicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el edil habría ordenado el secuestro y posterior ejecución de la reportera el pasado 2 de junio para evitar la difusión de material fotográfico que comprometía su carrera política.
Por este caso, se encuentran vinculadas a proceso ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales de la misma demarcación.
La suplente Juliana Ruiz Martínez asumirá las funciones en el ayuntamiento.
DESAPARICIÓN FORZADA DE EMPRESARIO
En la misma jornada, el Congreso local aprobó el desafuero de Evaristo Bertín Bravo Montero, munícipe de Úrsulo Galván.
Al exfuncionario se le vincula con la desaparición forzada del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo en Barra de Chachalacas.
La Fiscalía aportó evidencias que incluyen registros de geolocalización y mensajes de la víctima donde alertaba encontrarse reunido con el edil y un presunto operador delictivo al momento de su desaparición.
Tras la resolución, Pedro de Jesús Rosado Guzmán tomará el cargo como alcalde suplente.
POSTURAS POLÍTICAS Y DE JUSTICIA
Ante estas acciones, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, encabezada por Jorge Álvarez Máynez, denunció una presunta "persecución política" y solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En respuesta, la titular de la Fiscalía estatal, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, rechazó cualquier trasfondo político y aseguró que las solicitudes de desafuero están estrictamente sustentadas en pruebas periciales y testimonios.
IMCM
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