Ciudad de México.- La Barra Mexicana de Abogados (BMA) manifestó su "profunda preocupación" ante la reciente propuesta de reforma constitucional que busca posponer la segunda elección judicial en México hasta el año 2028. Aunque la asociación considera que el aplazamiento es una medida "necesaria", advierte que, sin políticas que privilegien la excelencia técnica, la reforma solo profundizará la "incertidumbre institucional" generada tras los cambios legales de 2024.
El riesgo de sustituir el mérito por la política
Uno de los puntos más críticos señalados por el colegio de abogados es la falta de atención a los problemas de fondo en la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Según la BMA, la reforma omite fortalecer la carrera judicial y, en su lugar, fomenta la "sustitución progresiva de un sistema de carrera judicial basado en mérito, exámenes, experiencia y especialización".
La organización alerta sobre la consolidación de un modelo que prioriza factores externos por encima de la capacidad técnica de los juzgadores. En palabras de la asociación:
La impartición de justicia no puede equipararse a un ejercicio de representación política (...) Debilitar los estándares técnicos de integración del Poder Judicial compromete inevitablemente la calidad y temporalidad de las resoluciones judiciales".
Incertidumbre en la profesionalización del Poder Judicial
La propuesta legislativa, que actualmente espera aprobación en la Cámara de Diputados, plantea mover la fecha de los comicios de 2027 a 2028. Para la BMA, este cambio incrementa la percepción de inseguridad jurídica respecto a la imparcialidad y profesionalización de quienes resulten electos mediante el voto popular.
Este proceso representa el segundo ciclo electoral para el Poder Judicial desde la inédita reforma impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Un contexto de baja participación y críticas internacionales
El historial reciente de estas elecciones presenta desafíos considerables:
- Baja participación: En los primeros comicios de junio de 2025, solo participó el 13% de los casi cien millones de ciudadanos convocados.
- Cuestionamientos externos: Organismos internacionales y sectores de la sociedad civil sostienen que este sistema socava la independencia judicial y el Estado de derecho.
Mientras tanto, el Gobierno de México defiende estas medidas como un paso fundamental para la democratización de la justicia en el país.
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