Redacción
Ciudad de México.- Después que la justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, formalizó una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueves funcionarios y excolaboradores por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, el mandatario morenista negó las imputaciones.
Y, es que El fiscal Jay Clayton y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, señalaron que los implicados habrían conspirado para introducir grandes cargamentos de sustancias ilícitas a territorio estadounidense a cambio de financiamiento político y sobornos.
El proceso, que incluye cargos por narcotráfico, posesión de armas y homicidios, ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Por estos señalamientos, Rocha Moya negó de forma tajante las imputaciones, calificándolas como falsas y carentes de cualquier sustento legal.
A través de un mensaje público vía redes sociales, el mandatario sinaloense afirmó que este proceso judicial representa un ataque contra el movimiento de la “Cuarta Transformación” y un intento de vulnerar la soberanía nacional y el orden constitucional de México.
El gobernador aseguró que responderá con dignidad ante lo que considera una calumnia y que demostrará su inocencia en el momento procesal oportuno.
RECIBEN SOLICITUDES DE APREHENSIÓN
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó haber recibido las solicitudes de detención provisional con fines de extradición el pasado 28 de abril.
No obstante, la Cancillería subrayó que, tras una revisión técnica, determinó que los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos no presentan elementos de prueba bastantes para establecer la responsabilidad de los acusados.
En consecuencia, la documentación fue enviada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine la viabilidad legal de las peticiones bajo las leyes mexicanas.
Finalmente, el Gobierno de México anunció que enviará un extrañamiento diplomático a la representación estadounidense, argumentando que la difusión pública de esta información violó las cláusulas de confidencialidad estipuladas en los tratados bilaterales vigentes.
IMCM