Ciudad de México. – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que las autoridades de Estados Unidos no han presentado pruebas que sustenten la solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
La mandataria evitó, durante su conferencia matutina, pronunciarse sobre un eventual regreso de Rocha Moya a la gubernatura y llamó a esperar el desarrollo de las indagatorias.
Asimismo, Sheinbaum subrayó que su administración no protegerá a personas que enfrenten acusaciones fundadas, pero tampoco respaldará señalamientos que carezcan de sustento.
"Como hemos dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas", declaró.
No hay plazo para definir su situación
Respecto al panorama jurídico y político del mandatario sinaloense, la presidenta indicó que, según los reportes disponibles, la legislación local no establece un límite de tiempo para que defina su situación tras la separación del cargo.
"Lo que tengo entendido es que no hay un plazo específico en la Constitución del Gobierno de Sinaloa y pues tendrá él que tomar sus propias decisiones", comentó.
Sheinbaum afirma que no ha tenido comunicación con el gobernador
Por otra parte, reveló que solo ha sostenido una conversación con Rocha Moya desde que se conoció la solicitud de la justicia estadounidense, la cual ocurrió el mismo día en que inició la controversia.
Al ser cuestionada sobre el contenido de dicha llamada, detalló que le recomendó al gobernador fijar una postura pública:
"Yo le dije: 'Sería muy bueno que salieras a hablar'. En aquel momento, el día que salió, y él sale con una publicación en sus redes sociales".
La solicitud de extradición
La controversia comenzó en abril pasado, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención urgente con fines de extradición de diez altos funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador, por presunta colaboración con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.
Hasta el momento, dos de los señalados se han entregado a las autoridades estadounidenses, mientras que el resto permanece en territorio mexicano defendiendo su inocencia.
El Gobierno federal ha enfatizado que no procederá a la detención de los políticos involucrados, debido a que Washington no ha remitido las pruebas necesarias para justificar la medida.
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