Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos no solo busca penas de prisión, sino también el decomiso de bienes y recursos financieros del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios señalados por su presunta colaboración con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
En la imputación del caso, el Departamento de Justicia estadounidense señaló que están sujetos a decomiso todos los bienes, inmuebles y ganancias económicas que, según la acusación, deriven directa o indirectamente del apoyo a actividades como el tráfico de drogas y la importación de armas.
Alcance del decomiso planteado
La versión pública de la acusación señala que, en caso de una determinación de culpabilidad, los acusados deberán ceder a favor de Estados Unidos los bienes que constituyan o se deriven de las ganancias obtenidas por las actividades señaladas, incluyendo propiedades utilizadas o destinadas a facilitar el tráfico de drogas como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.
También contempla cuentas bancarias y bienes que no puedan ser localizados, hayan sido transferidos a terceros o colocados fuera de la jurisdicción, mediante la figura de “bienes sustitutos”, con la que la justicia estadounidense buscaría el decomiso de otros activos hasta cubrir el valor total de la supuesta ganancia criminal.
Entre los señalados también se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázares; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; así como mandos y exmandos policiales.
Persecución de activos y equipo
También se plantea que el decomiso alcanzaría armamento y equipo presuntamente vinculado a las operaciones, incluyendo armas de fuego, municiones y otros dispositivos.
En casos específicos, como el de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, la acusación señala que, por cargos de secuestro con resultado de muerte, se podría solicitar la entrega de bienes derivados de dichos delitos, así como montos equivalentes a las ganancias atribuidas.
Contexto de la imputación
La acusación señala que Rubén Rocha Moya habría llegado a la gubernatura de Sinaloa con apoyo de “Los Chapitos”, con quienes presuntamente sostuvo reuniones antes y después de asumir el cargo.
El documento refiere que en dichos encuentros se habrían acordado apoyos a operaciones de tráfico de drogas y que habrían participado funcionarios estatales, así como hombres armados del Cártel de Sinaloa.
Asimismo, se señala que algunos funcionarios habrían actuado como enlaces entre autoridades estatales y los líderes del grupo criminal, mientras que el Departamento de Justicia acusa a otros señalados de haber recibido presuntos sobornos para facilitar operaciones de tráfico de drogas.
Como parte de la evidencia, se menciona una presunta red de pagos mensuales a mandos y agentes policiales, con montos que irían de mil 600 a 16 mil dólares, además de otros casos con cifras mayores.