Exige colectivo frenar la ampliación del Puerto Nuevo Manzanillo

Por Israel M. Campos Montes

Ciudad de México.- La pretensión gubernamental de triplicar la capacidad operativa del puerto de Manzanillo mediante el Plan Maestro de Desarrollo Portuario 2026-2031 enciende las alarmas ecológicas y sociales en Colima, por lo que el colectivo Salvemos Cuyutlán exige que se detenga la ampliación de este espacio.

El proyecto denominado "Puerto Nuevo Manzanillo", impulsado por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), busca pasar de 450 a más de mil 800 hectáreas, interviniendo directamente el vaso de la Laguna de Cuyutlán.

Este cuerpo de agua de 68 kilómetros cuadrados es considerado uno de los humedales más importantes del Pacífico mexicano y cuenta con protección internacional bajo la convención Ramsar.

Ante este escenario, diversas organizaciones civiles, salineros y pescadores articulados en el movimiento Salvemos Cuyutlán interpusieron un juicio de amparo para detener los trabajos de dragado y la remoción de vegetación.

De acuerdo con la vocera del movimiento, Yerania Valencia, la resistencia nació tras defender el territorio de la instalación de una planta de amoníaco e involucra a comunidades con centenaria tradición productiva.

"Somos un movimiento heterogéneo que defenderá la laguna; aquí hay cooperativas salineras con más de 100 años de tradición y más de 30 cooperativas de pescadores cuyo sustento depende directamente de la calidad y pureza de este ecosistema", afirmó la activista en entrevista con Diario de México.

DEFICIENCIAS AMBIENTALES Y RIESGO DE INUNDACIÓN

La principal preocupación ecológica radica en el impacto irreversible sobre los manglares y la selva baja caducifolia de la zona.

Basta recordar que la propia Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto reconoce que la obra contempla la afectación de 214 mil 200 metros cuadrados de manglar y 319 mil 800 metros cuadrados de selva baja, además de alterar la dinámica de sedimentos y la mezcla de agua dulce y marina. 

Pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) documentó 31 deficiencias ambientales graves en las primeras revisiones, el proceso administrativo avanza entre reclamos de opacidad y violaciones al Acuerdo de Escazú.

Asimismo, el pasado 30 de septiembre dicha dependencia federal emitió la resolución final para que se efectúe este megaproyecto portuario, el cual según el citado colectivo perjudicaría el 90% de los humedales del estado, el cual constituye el cuarto humedal costero más grande de México.

Yerania Valencia enfatizó que la remoción de los manglares desprotegerá a las comunidades costeras frente a fenómenos meteorológicos extremos. 

"El mangle es una barrera natural contra los huracanes y lluvias tropicales; quitarlo para colocar planchas de concreto y metal equivale a condenar a inundaciones periódicas a cuatro colonias donde habitan más de 10 mil familias", advirtió.

Valencia agregó que en este punto "siempre impactan huracanes de gran intensidad que generan marejadas de gran escala", por lo que destruir la barrera natural transformará la controversia ambiental en una crisis social de gran magnitud.

CAPACIDAD SUBUTILIZADA E INTERESES ECONÓMICOS

Desde la perspectiva del colectivo, la expansión portuaria responde a un esquema de inversión privada encabezado por fondos internacionales como BlackRock, omitiendo alternativas de infraestructura en otros puntos del país como el puerto de Lázaro Cárdenas o el crecimiento del puerto mar adentro.

Asimismo, señalan que el puerto actual padece severos problemas de saturación vehicular en la autopista Colima-Manzanillo sin operar a su máxima capacidad.

"Tenemos un puerto que apenas opera al 40% de su capacidad y ya genera un caos vehicular diario que paraliza el transporte; no es entendible que pretendan sacrificar la biodiversidad y la salicultura cuando existen soluciones tecnológicas o logísticas en otras zonas", argumentó Valencia. 

Por ello, la activista criticó además la falta de apertura institucional frente a las exigencias de la población local.

"Nos dicen que pueblo y gobierno son uno mismo, pero cuando venimos a exigir que no destruyan la fuente de trabajo y el entorno de miles de personas, la respuesta es el desdén y la imposición de proyectos que vienen desde sexenios anteriores", concluyó.

IMCM