Ciudad de México.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, solicitó formalmente a la FGR y a la UIF abrir una indagatoria penal y financiera integral contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La dirigencia de la oposición exige que las autoridades actúen "con la misma eficacia" con la que persiguen a actores políticos de la oposición.
Romero acusó directamente al oficialismo de haber “hecho y diseñado” el esquema de contrabando de hidrocarburos, al que calificó como “el peor fraude” cometido en el país.
El líder panista contrastó esta situación con el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal ferroviario mediante la empresa Ingemar.
Romero sostuvo que el proceso contra Ruffo derivó únicamente de que “se hicieron públicos los audios de la gobernadora de Baja California” (Marina del Pilar Ávila), y aseguró que, si no se hubieran difundido, Ruffo no enfrentaría dicha situación judicial. Al mismo tiempo, criticó que a la gobernadora morenista "no se le toca".
A esa fiscalía, que así usa las instituciones de procuración, le pedimos que con la misma eficacia investigue a Andy", puntualizó el dirigente albiazul.
Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, respaldó la exigencia y denunció la presunta protección gubernamental hacia personas allegadas al movimiento oficialista:
La realidad es que este régimen, este narco régimen, no toca ni con el pétalo de una investigación a los suyos".
Anaya recalcó que López Beltrán aparece mencionado en "por lo menos dos carpetas de investigación" de la propia fiscalía federal.
Testigos protegidos y la red de contrabando de combustible
La presión judicial sobre "Andy" López Beltrán ha crecido debido a recursos legales adicionales. El despacho Mendieta y Asociados, defensor del excontralmirante vinculado a proceso Fernando Farías Laguna, alista una denuncia formal por delincuencia organizada vinculada al tráfico de hidrocarburos contra López Beltrán y el senador Adán Augusto López Hernández.
La defensa detalló que ambos políticos fueron mencionados formalmente por el Ministerio Público durante las audiencias judiciales, basándose en los testimonios de dos testigos protegidos identificados bajo las claves “El Santo” y “JCSP”.
A nivel operativo, el PAN denunció que el nombre del hijo del exmandatario presuntamente servía como salvoconducto en los puertos de entrada al país.
De acuerdo con las declaraciones incorporadas a las carpetas de investigación, un testigo declaró que bastaba con mencionar que un cargamento de combustible era “un tema de Andy” para frenar o evitar las revisiones federales en las aduanas.
Asimismo, Acción Nacional cuestionó los vínculos de López Beltrán con el empresario Jorge Amílcar Olán, beneficiado con contratos federales de proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas y el sector salud.
Según el partido blanquiazul, la empresa Portacelis Gas and Oil, relacionada con el entorno de Amílcar, importó hidrocarburos suministrados por la compañía Ikon Midstream, cuyas oficinas en Houston, Texas, fueron cateadas por autoridades estadounidenses en el marco de una investigación penal por contrabando de combustibles.
La respuesta del gobierno federal y el retiro de la visa de EE.UU.
La controversia escaló tras confirmarse que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa americana a López Beltrán, una decisión que el propio afectado calificó como una “canallada”.
El PAN desestimó los señalamientos que atribuyen la medida a una campaña de la oposición o de los medios de comunicación, acusando a López Beltrán de victimizarse:
Es el viejo manual de Morena: cuando los descubren, se victimizan; cuando les exigen explicaciones, gritan complot; cuando las investigaciones se acercan, se envuelven en la bandera nacional”, señaló la dirigencia panista.
Ante el llamado a rastrear los movimientos financieros del círculo cercano a López Beltrán y congelar bienes en caso de ser necesario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que exista actualmente una investigación formal en curso por parte de la FGR contra él, aunque aseveró que su gobierno no encubrirá delitos demostrados:
No hay nada contra el hijo del presidente y si hubiera por parte de la Fiscalía una investigación, nosotros no vamos a cubrir a nadie si cometió un delito”.
No obstante, Sheinbaum aclaró que la cancelación de un documento migratorio extranjero no vincula legalmente a las instituciones nacionales: “Tampoco porque EU le quite una visa vamos a abrir una investigación”.
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