Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) formalizó una solicitud de juicio político en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, argumentando una presunta alianza entre su administración y grupos del crimen organizado.
Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del partido, anunció además que el próximo miércoles propondrá ante la Comisión Permanente la desaparición de poderes en dicha entidad.
El bloque opositor, respaldado por el senador Ricardo Anaya y el diputado José Elías Lixa, informó que llevará el caso ante la Corte Penal Internacional en La Haya.
La denuncia ante organismos internacionales no sólo se centrará en la supuesta colaboración con grupos delictivos, sino también en posibles delitos de lesa humanidad ocurridos en el estado.
EVIDENCIAS Y ACUSACIONES
La dirigencia del PAN señaló que las revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vinculan a Rocha Moya y a nueve colaboradores con la delincuencia, coinciden con denuncias que el partido ha realizado durante años.
El diputado Elías Lixa sostuvo que existen pruebas de que se utilizaron recursos públicos para facilitar actividades ilícitas y que se incumplió con el deber constitucional de garantizar la seguridad pública.
Por su parte, Ricardo Anaya calificó como una "aberración" que el gobierno federal niegue la existencia de pruebas, citando eventos como el secuestro de la entonces candidata Paola Gárate y el caso de Héctor Melesio Cuén como muestras del involucramiento del mandatario con el narcotráfico.
CRÍTICA A LA POSTURA PRESIDENCIAL
Durante la conferencia de prensa, Jorge Romero cuestionó el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándola de actuar como "jefa de partido" al otorgar una supuesta "absolución automática" a los integrantes de Morena, mientras mantiene una postura de "sentencia condenatoria" hacia gobernadores de oposición, como es el caso de Maru Campos en Chihuahua.
Finalmente, los legisladores panistas insistieron en que es urgente separar definitivamente a Rocha Moya de su cargo y sancionarlo, señalando que el Gobierno de México es el único que parece no darse por notificado ante los hechos públicos y notorios de violencia en Sinaloa.
IMCM