Redacción
Ciudad de México.- Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia explicó que Estados Unidos no entregó pruebas para sustentar la urgencia de una detención provisional de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.
En la “mañanera”, la exdirigente nacional de Morena ofreció su primer mensaje en dicho cargo federal y anotó que debido a lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó información adicional a Washington para preservar el debido proceso.
Asimismo, Alcalde Luján desglosó los pormenores de la solicitud de extradición realizada por una Fiscalía de Nueva York, sin embargo, enfatizó la importancia de distinguir entre los distintos mecanismos de cooperación internacional contemplados en el tratado bilateral entre México y la Unión Americana para evitar confusiones en la opinión pública.
DIFERENCIAS ENTRE EXTRADICIÓN Y DETENCIÓN PROVISIONAL
La funcionaria detalló que existen dos figuras legales con procedimientos distintos:
• Solicitud formal de extradición: Se rige por el artículo 10 del tratado y requiere un proceso diplomático completo que incluye la relación de los hechos, fundamentos legales, pruebas del delito y copias certificadas de las resoluciones judiciales.
• Detención provisional con fines de extradición: Es una medida que se utiliza exclusivamente en casos urgentes, generalmente cuando existe el riesgo de que el proceso sea obstaculizado.
Mencionó que en el caso de Rocha Moya, la solicitud presentada por el gobierno estadounidense carecía de los elementos de prueba necesarios para acreditar legalmente la urgencia de la medida.
Por esta razón, reiteró que la FGR determinó que la petición no estaba debidamente fundamentada, lo que obliga a solicitar datos adicionales al país requirente.
EL PROCESO LEGAL Y LA SITUACIÓN EN SINALOA
Detalló que tras recibir la solicitud, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consultó la opinión de la FGR, instancia que recomendó solicitar a Estados Unidos mantener la confidencialidad del caso para proteger el debido proceso.
No obstante, de acreditarse la urgencia en el futuro, la FGR podría presentar el caso ante un juez de control para determinar posibles medidas cautelares, lo que abriría un plazo legal de 60 días para formalizar la documentación.
Por lo que, mientras este proceso legal se desarrolla a nivel federal, en el ámbito local, el Congreso de Sinaloa tomó medidas ante la ausencia del mandatario, razón por la que Yeraldine Bonilla rindió protesta el pasado sábado como gobernadora interina del estado, tras la solicitud de licencia presentada un día antes por Rocha Moya.
🚨 La Consejera Jurídica, @LuisaAlcalde, acusó que en el caso de Rubén Rocha se violentó el principio de confidencialidad, lo que derivó en un “linchamiento mediático” contra los 10 funcionarios sinaloenses señalados por EU por presuntos vínculos con el narcotráfico. pic.twitter.com/8OhWoDotIi
— El Heraldo de México (@heraldodemexico) May 4, 2026
En su primer día como consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde sale a justificar la inacción de las autoridades en el caso Rocha Moya
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 4, 2026
"No existen elementos para determinar la urgencia", dice
El miedo en Morena se huele
Si cae Rocha se desmorona el partido pic.twitter.com/kTtGFe839q
IMCM
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