Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación ante la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México, destacando un registro de 18 mil 192 niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
Según el informe "Situación de Derechos Humanos en México", este fenómeno está estrechamente vinculado al reclutamiento forzado por parte de organizaciones delictivas que buscan integrar a menores a sus estructuras operativas.
El reporte detalla que el grupo más impactado es el de adolescentes de entre 12 y 16 años. En términos de género, las estadísticas revelan una realidad alarmante: las desapariciones de mujeres jóvenes (9 mil 342 casos) superan a las de hombres (8 mil 817 casos), con una fuerte incidencia en el Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas.
Mientras que los varones suelen ser captados como combatientes o "sicarios", muchas desapariciones de niñas están relacionadas con redes de trata y explotación sexual que operan mediante engaños vía redes sociales y videojuegos.
De acuerdo con el informe, de 237 páginas, “la desaparición de personas representa en la actualidad una grave crisis de derechos humanos en México con más de 128 mil personas desaparecidas y 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado no identificados”.
MÉTODOS DE CAPTACIÓN Y ZONAS DE RIESGO
La CIDH documentó que grupos criminales en entidades como Jalisco, Sonora, Tamaulipas y el Estado de México emplean desde el secuestro directo hasta el enganche "voluntario", aprovechando condiciones de pobreza y falta de oportunidades.
Indicó que los testimonios recogidos describen la existencia de campos de entrenamiento en zonas como Tierra Caliente, donde los jóvenes son obligados a formarse como sicarios, mensajeros o "halcones".
Además, identificó el Corredor del Pacífico como una zona crítica debido a la alta operatividad del crimen organizado en connivencia, en ocasiones, con agentes estatales.
HACIA UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN
Ante este escenario, calificado por el propio Estado como una crisis humanitaria, la CIDH emitió una serie de recomendaciones urgentes.
Entre ellas destaca la necesidad de armonizar las leyes estatales con la Ley General en materia de desaparición y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Bajo esta lógica, el organismo internacional enfatizó la importancia de incluir a los colectivos de familiares y madres buscadoras en el diseño de políticas públicas, reiterando que actualmente existen más de 128 mil personas desaparecidas en total y 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia oficial.
“Urge fortalecer la estrategia de prevención de la desaparición de personas, mediante medidas de erradicación, en coordinación con las entidades federativas y municipales, y con participación de organizaciones de derechos humanos y de colectivos de familiares de víctimas en particular y evaluar su eficacia”, señaló la CIDH.
En cuanto al Poder Judicial, la Comisión agregó que se deben “diseñar e impartir un curso obligatorio sobre desaparición para todas las nuevas autoridades del sistema de justicia, con contenidos sobre normativa, patrones de desaparición y derechos de las víctimas”.
Finalmente, la comisionada Andrea Pochak subrayó que, a diferencia de otros contextos históricos de desaparición política, en el México actual el fenómeno es indiscriminado y generalizado, impulsado por las disputas territoriales del narcotráfico que ven en la niñez un objeto de explotación y control.
IMCM