Ciudad de México.- La política en Jalisco se ha visto sacudida por las recientes revelaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre Diego Rivera Navarro, alias “El Presidente”, alcalde de Tequila.
Según las investigaciones federales, Rivera Navarro no solo pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para asegurar su llegada al poder, sino que transformó el ayuntamiento en el centro de operaciones de una red criminal dedicada al secuestro y la extorsión.
El secuestro de candidatos de Morena en 2021
Uno de los puntos más graves de la acusación refiere que, en marzo de 2021, Rivera Navarro encabezó el secuestro de los entonces aspirantes de Morena a la alcaldía, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez. El objetivo de este acto violento era obligarlos a renunciar a sus candidaturas para despejar el camino político de Rivera.
Un testimonio clave de una de las víctimas detalla la brutalidad del evento:
“Me subieron a la fuerza a una camioneta Cherokee modelo atrasado donde me mantuvieron boca abajo con un arma apuntándome detrás de la cabeza... Me metieron a una casa de seguridad y me sacaron la firma del desistimiento de mi candidatura por Morena”, según el testimonio revelado por El Universal.
Tras ser golpeados y amenazados en una casa de seguridad, ambos candidatos presentaron formalmente su renuncia ante el Instituto Electoral de Jalisco ese mismo mes.
Una estructura criminal operando desde el Ayuntamiento
La FGR sostiene que la administración municipal de Tequila fue utilizada para encubrir actividades delictivas. De acuerdo con el expediente federal:
“Esta estructura opera desde la presidencia de Tequila Jalisco, fusionando el cargo público que ostentan sus miembros con sus actividades delictivas”.
Entre los colaboradores de primer nivel identificados como parte de esta red se encuentran Juan Manuel Pérez Sosa (Seguridad Pública), Diego López Ibarra (Tesorería), y Julio César Limón Trigueros (Jefe de Gabinete), entre otros funcionarios y familiares, incluyendo a la esposa del alcalde, Raquel Nañes Bugarín.
Extorsión sistemática a comerciantes y artesanos
El control de la red se extendía a la economía local. Comerciantes y empresarios tequileros denunciaron ser víctimas de cobros de piso que oscilaban entre los 20 mil y 50 mil pesos mensuales. Aquellos que no cumplían con las cuotas eran clausurados, secuestrados o, en casos extremos, asesinados.
Un comerciante afectado relató cómo fue presionado tras no poder pagar debido a una emergencia familiar:
“Juan Manuel Pérez Sosa le ordenó a los policías que me sujetaran, golpeándome Diego López Ibarra y Juan Manuel Pérez Sosa”.
Traslado al Altiplano y postura del gobierno federal
Tras su captura el 5 de febrero de 2026, como parte de la Operación Enjambre, Diego Rivera Navarro fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en el Estado de México.
Ante estos hechos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó que la justicia actuará sin distinciones partidistas, afirmando:
“Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o corromperse, eso debe quedar muy claro en el país”.
La mandataria reveló incluso que ella misma había recibido denuncias directas de empresarios y ciudadanos afectados por las acciones del ahora detenido alcalde de Tequila. El caso permanece bajo investigación federal mientras se espera la audiencia inicial del funcionario.