Redacción
Ciudad de México.- Un juez de distrito con sede en el Estado de México otorgó una suspensión provisional a Diego “N”, exalcalde de Tequila, Jalisco, quien busca revertir el auto de vinculación a proceso que enfrenta por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La resolución judicial impide que se dé inicio a la etapa de juicio oral, aunque el proceso penal en su contra continúa vigente, puesto que enfrenta cargos por delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado.
Jorge Adrián Cruz Flores, titular del juzgado tercero de distrito en materia penal en el Estado de México, admitió el amparo promovido por el exfuncionario, conocido también como “El Presidente”.
El impartidor de justicia determinó que el juez de control a cargo de la causa penal 39/2026 puede seguir con las diligencias de la etapa intermedia, pero deberá detener el procedimiento antes de emitir el auto de apertura a juicio oral.
Dicha pausa legal se mantendrá hasta que se resuelva si se concede una suspensión definitiva, cuya audiencia está fijada para el próximo 17 de marzo.
Es fundamental precisar que este beneficio judicial no implica la liberación de Diego “N”, quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad del “Altiplano”, en Almoloya de Juárez.
EL ESQUEMA CRIMINAL EN TEQUILA
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), Diego “N” habría utilizado su posición política para operar una red de extorsión, secuestro y tortura que afectaba principalmente a empresarios, artesanos y productores de la industria tequilera.
Se le acusa de amedrentar a las víctimas alegando tener el respaldo directo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
La estructura criminal presuntamente involucraba a otros funcionarios municipales, entre ellos:
• Julio César Limón Trigueros: Exjefe de gabinete, señalado como el encargado de coordinar la protección política del grupo.
• Severo Flores Mendoza: Identificado bajo el alias de “El Rey Mago”, pieza clave en la logística operativa de la red.
El juez Cruz Flores fundamentó su decisión señalando que, de no otorgarse la suspensión, podrían generarse daños de difícil reparación para el imputado, asegurando además que la medida no contraviene disposiciones de orden público ni afecta el interés social.
IMCM
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