Ciudad de México.- El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, promovió un amparo ante una orden de aprehensión en su contra.
En su demanda no precisa qué orden reclama, ya que el exsecretario cuenta con diversos mandamientos judiciales por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, además de su probable responsabilidad en el delito de omisión, por permitir el ingreso de armas de fuego a territorio mexicano, derivado del operativo Rápido y Furioso; ésta última girada el pasado 9 de enero.
La demanda de garantías fue presentada el 27 de enero, pero la jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, aún no admite a trámite la petición.
La juez otorgó un plazo de cinco días para que García Luna precise cuál es el acto que reclama, las autoridades a que atribuye la orden y la fecha de conocimiento, al igual que los antecedentes de dicho acto.
La defensa del exfuncionario ha presentado escritos en dos ocasiones para cumplir con lo ordenado por Ortega Tlapa, pero la ju determinó que no se ha atendido la totalidad de los puntos que pidió desahogar.
En enero, el Juzgado Noveno de Distrito en Sonora otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) siete órdenes de aprehensión contra involucrados en el operativo Rápido y Furioso.
Entre las órdenes libradas destacan los nombres de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, exjefe de Inteligencia de la Policía Federal; el ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán; y el excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas.
El delito que se le imputa es porque supuestamente coludirse con las autoridades mexicanas y norteamericanas para introducir ilegalmente armas, para ser entregadas a “El Chapo”, las cuales fueron utilizadas y siguen siendo usadas para diversos crímenes vinculados con el narcotráfico.
De acuerdo con la indagatoria SEIDO/UEITA-SON/0000306/2020, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, ordenó el ingreso ilegal a México de más de 2 mil 500 armas de fuego para detectar a los compradores, armamento que se perdió y cayó en manos de cárteles y que fue utilizado en crímenes de alto impacto, desde 2009.
Entre los meses de enero y febrero de 2021, la FGR citó a comparecer en calidad de testigos a 14 exfuncionarios, entre ellos, al expresidente Calderón.
Con información de Milenio
