Impugna 4T resolución de jueza con la cual se impide pase de Guardia Nacional a la Sedena

Redacción

Ciudad de México.- Tras darse a conocer el pasado jueves que una jueza federal de Guanajuato otorgó a un grupo de organizaciones de la sociedad civil la primera suspensión provisional de los 53 juicios de amparo colectivos que interpusieron para que se declare inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército, el gobierno federal ha impugnado esta determinación.

Si bien la medida jurídica es de manera temporal y por ahora evita la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército, queda establecido que todavía el control depende únicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Debido a la apelación, ahora corresponderá a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito estudiar el recurso de queja interpuesto por las autoridades federales.

Karla María Macías Lovera, jueza noveno de distrito en Guanajuato, dio así este revés en favor de Ángel Castro Gómez, representante de la organización Uniendo Caminos México, pero mencionó que no pudo celebrar la audiencia que estaba programada el viernes pasado, donde iba a resolver si concedía la suspensión definitiva solicitada, debido a la falta de notificaciones por parte de las autoridades emplazadas. Por este motivo se ha reprogramó la diligencia para el próximo 21 de octubre.

LLAMAMIENTO A SHCP

Así, la impartidora de justicia obligó a Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cumplimiento de la medida cautelar otorgada, “para que realice todos los actos necesarios para que no se lleve a cabo la transferencia de recursos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, y para que se restituyan aquellos ya transferidos”.

Macías Lovera consideró en su justificación que el uso de la fuerza, el armamento y equipo empleado por la Sedena son distintos a los que de clasificación ordinaria utilizan las corporaciones civiles en tareas de seguridad pública.

Pese a que el juzgado noveno de distrito en Guanajuato concedió la suspensión el pasado 10 de octubre, fue cuatro días más tarde que se avisó del mismo, cuyo trámite ocurrió desde el 26 de septiembre.

Con información de Milenio

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