Redacción
Ciudad de México.- Tras la suspensión por tiempo indefinido del “Plan B” de la reforma electoral dado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Consejería Jurídica de la Presidencia impugnará la decisión del ministro Javier Laynez Potisek, quien admitió a trámite la controversia presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El gobierno subrayó que “el Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano”.
Indicó que solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que analizará dicha controversia, así como la medida suspensiva, al asegurar que estas son “contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión”.
En un comunicado, la Consejería Jurídica acusó que el togado “arrancó hojas a la Constitución”, al tiempo que cuestionó que “no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque, afirmó, la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”.
PIDEN APEGARSE A ATRIBUCIONES
También aseveró que resulta fundamental que “los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones que le corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes. De esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación”.
Fue el pasado viernes que Laynez Potisek dio luz verde al alegato del árbitro comicial contra el “Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
IMCM
