Redacción
Ciudad de México.- Un grupo de legisladores de Morena, integrado por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez Tiburcio y Alfredo Vázquez, junto con los senadores Javier Corral y Susana Harp, presentó una iniciativa constitucional para posponer la elección de jueces, magistrados y ministros hasta junio de 2028.
El proyecto busca modificar 10 artículos de la Constitución para asegurar que el Poder Judicial cuente con un proceso electoral propio, separado de las contiendas partidistas.
Los legisladores argumentaron que la concurrencia de las elecciones judiciales con los procesos políticos ordinarios genera riesgos institucionales significativos, tales como una menor deliberación pública sobre los perfiles técnicos y una saturación informativa que puede derivar en un incremento del voto desinformado.
Al desvincular ambos calendarios, se pretende proteger la percepción de imparcialidad y evitar que las candidaturas judiciales se politicen bajo la sombra de las campañas partidistas.
Asimismo, la propuesta reconoce que la puesta en marcha del modelo original evidenció desafíos operativos, citando como ejemplo el volumen extraordinario de solicitudes recibido por los comités de evaluación (más de 30 mil en total), lo cual tensionó los mecanismos de revisión de los tres Poderes de la Unión.
NUEVOS REQUISITOS Y PROFESIONALIZACIÓN
Uno de los pilares de la reforma es la incorporación de la certificación de competencias obligatoria, la cual sería emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Con esto, se busca transitar de un modelo basado en requisitos académicos mínimos, como promedios o cartas de recomendación, a uno que evalúe habilidades sustantivas como:
• Razonamiento jurídico e interpretación normativa.
• Perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
• Capacidad de gestión judicial y compromiso social.
Bajo este esquema, se propone eliminar la exigencia de promedios académicos específicos, priorizando el mérito técnico y la idoneidad profesional.
CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN
La iniciativa también plantea un ajuste en las atribuciones de las autoridades electorales. Actualmente, el Senado posee facultades que, de aprobarse la reforma, serían otorgadas al Instituto Nacional Electoral (INE), el cual se encargaría de convocar y organizar formalmente el proceso electivo judicial.
Además, se busca armonizar este sistema federal con las entidades federativas y actualizar el régimen de vacantes y suplencias.
Finalmente, los autores de la propuesta subrayaron que el objetivo es garantizar un entorno que privilegie la evaluación de méritos técnicos y preserve la legitimidad del modelo de justicia en México.
IMCM
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