Redacción
Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la multa de medio millón de pesos a la organización "Que Siga la Democracia" y a la excandidata de Morena, Gabriela Jiménez, por presentar firmas de fallecidos para el ejercicio de revocación de mandato.
Durante la sesión extraordinaria del INE, el consejero Ciro Murayama consideró el acto como la “crónica de un fraude anunciado”, pues son al menos 15 mil firmas de muertos que se usaron para solicitar la revocación de mandato.
"¿Cómo pudieron obtener los datos, las fotos copias de 15 mil muertos? Quizá con acceso a datos de quienes controlan programas sociales" expresó Murayama.
Por la actitud, explicó el Consejo General, orquestada, grave y dolosa, la multa debía corresponder a 5.3 millones de pesos, pero debido a que la organización apenas recibió financiamiento por 800 mil pesos en el último año, le sería imposible solventarla y, por eso, se ajustó a 500 mil pesos.
Además, Murayama dijo que antes del INE y del Instituto Federal Electoral (IFE) "había muertos que supuestamente votaban por el candidato a presidente del partido oficial", y mencionó que "el autoritarismo del nuevo cuño del siglo XX se pretende que haya muertos que firmen a favor del Presidente" y son "tan tramposos unos como otros".
Recordó que, desde el inicio de captación de firmas, Morena impugnó que éstas se recabaran por medio de una aplicación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “para mala fortuna de la certeza y la legalidad” permitió el uso generalizado del papel en todo el país.
“Hoy sabemos la razón de tanta insistencia para los formatos físicos, la ley exigía 2 millones 758 mil firmas para activar la revocación, sus impulsores recolectaron sólo un millón 370 mil (…) les faltarían un millón 200 mil firmas, pero gracias al papel entregaron otras 9 millones 759 mil firmas”, expuso.
Al respecto, la consejera Carla Humphrey sostuvo que la conducta de la asociación trató de una actividad “sistemáticamente orquestada” con el fin engañar a la autoridad electoral.
“Se trató de un plan diseñado para obtener más apoyos a los originalmente captados. Aunque la organización dice que sólo sirvió de conducto, tenía la obligación de informar a las personas la forma en que debían llenarlo los formatos (…) tendría que aplicarse una multa ejemplar, no es posible por su capacidad económica”, comentó.
La resolución se turnará a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
No obstante, Que Siga la Democracia y Gabriela Jiménez pueden impugnar esta decisión ante la Sala Superior del TEPJF, que tendría la última palabra para confirmar la sanción o revocarla.
