Ciudad de México.- En un hecho clave para la fiscalización electoral en México, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, notificó formalmente a la Cámara de Diputados la presentación de seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La medida persigue la probable comisión de delitos graves cometidos por servidores públicos, exservidores de la institución y personas morales.
Mediante el oficio INE/OIC/0209/2026, entregado a los presidentes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (Javier Herrera Borunda) y de Transparencia y Anticorrupción (Ricardo Mejía Berdeja), la contraloría interna especificó los ilícitos objeto de investigación:
Se presentaron seis denuncias penales ante la FGR en contra de diversas personas servidoras y ex servidoras públicas del INE, así como de personas morales, por la probable participación en hechos que la ley señala como delitos".
Entre las conductas delictivas remitidas al Ministerio Público Federal destacan:
- Uso ilícito de atribuciones y facultades.
- Uso de documento falso.
- Tráfico de influencias.
- Ejercicio ilícito del servicio público.
- Cohecho.
- Aquellos otros ilícitos que la autoridad competente determine durante las indagatorias.
De acuerdo con fuentes legislativas, entre las personas involucradas en las denuncias figuran la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas.
Faltas administrativas graves y comparecencias ante el TFJA
A la par de las acciones de carácter penal, la contraloría interna del instituto inició procedimientos sancionatorios en materia administrativa.
Carvente Contreras confirmó el emplazamiento de ocho personas servidoras y exservidoras públicas, así como de una persona moral, a comparecer a audiencias iniciales por la presunta comisión de faltas administrativas graves.
[Se emplazó] con el propósito de continuar con la substanciación de dichos procedimientos y, en su oportunidad, remitir los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que, en el ámbito de su competencia, determine lo que a derecho corresponda".
El contralor advirtió que el órgano a su cargo mantendrá la revisión de hechos e interpondrá nuevas denuncias si advierte otras conductas delictivas.
El origen de la investigación: Red empresarial y contratos por 2,461 mdp
Las acciones penales y administrativas dan seguimiento a los hallazgos presentados durante la comparecencia del titular del OIC el pasado 30 de octubre.
En dicha sesión se reveló que, entre los años 2014 y 2025, cinco empresas vinculadas entre sí que simulaban competencia recibieron contratos por un monto de 2,461 millones de pesos otorgados por Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y por el propio instituto.
La red empresarial estaría articulada por los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, vinculados a firmas como Cajas Graf.
Este entramado derivó en señalamientos por presuntos vínculos personales y favoritismo en la asignación de contratos, culminando con la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE el 26 de octubre de 2026 y el posterior nombramiento interino de Blanca Yassahara Cruz García.
Posición oficial del INE: Política de cero tolerancia
Tras la formalización de los recursos legales ante la FGR, el máximo órgano electoral fijó su postura institucional a través de un comunicado, subrayando la transparencia e imparcialidad en el manejo del erario:
El INE subraya que esta determinación responde exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión".
Asimismo, el INE ratificó su directriz de cero tolerancia ante cualquier conducta que comprometa la integridad de los fondos públicos asignados para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Corresponderá ahora a la FGR integrar las carpetas de investigación correspondientes y determinar las responsabilidades penales procedentes.
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