Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una serie de carpetas de investigación para determinar si existieron anomalías en el desempeño de autoridades locales y de las fuerzas armadas durante un reciente operativo en Chihuahua.
El objetivo de la indagatoria es esclarecer las circunstancias en las que se localizó un centro masivo de producción de estupefacientes sintéticos, en un contexto marcado por fricciones diplomáticas y dudas sobre la legalidad de las acciones emprendidas.
Ulises Lara López, vocero del organismo, señaló que las pesquisas incluyen posibles delitos relacionados con la seguridad nacional y el desempeño irregular de funciones públicas.
Hasta el momento, las autoridades federales han realizado entrevistas a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y a elementos de la fiscalía estatal que estuvieron a cargo de la seguridad perimetral del sitio.
MUERTE DE AGENTES Y PRESUNTA INFILTRACIÓN EXTRANJERA
El incidente cobró relevancia internacional tras un percance automovilístico ocurrido el pasado 19 de abril, en el que perdieron la vida dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos trabajadores de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua.
Este evento sucedió cuando el personal regresaba de las diligencias en el municipio de Morelos, donde se ubicaba el laboratorio clandestino.
La controversia ha escalado debido a reportes sobre una supuesta intervención de la CIA en las labores de inteligencia y campo en territorio mexicano.
El gobierno federal ha manifestado que no tenía reporte oficial sobre la participación de agentes estadounidenses en dichas tareas, lo cual representaría una transgresión directa a la Ley de Seguridad Nacional vigente.
CONTEXTO DE TENSIÓN POLÍTICA
El hallazgo del complejo, descrito como uno de los centros de fabricación de narcóticos más grandes encontrados en fechas recientes, ha desatado acusaciones entre la administración federal y el gobierno de la entidad, encabezado por María Eugenia Campos.
Mientras el oficialismo cuestiona la falta de transparencia del operativo, el gobierno estatal defiende la legalidad del hallazgo.
Este caso se desarrolla en un periodo de alta exigencia por parte de la administración estadounidense para que México intensifique el combate al tráfico de fentanilo.
Asimismo, la situación coincide con señalamientos previos de las autoridades de Estados Unidos hacia funcionarios en otros estados, como Sinaloa, por supuestos nexos con organizaciones delictivas, denuncias para las cuales el gobierno mexicano ha solicitado pruebas contundentes.
IMCM