Un juez de control desestimó un recurso legal promovido por el equipo legal de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "El R1″, para impedir una posible extradición a Estados Unidos, país en el que es requerido por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
Fue el pasado 10 de noviembre cuando el togado Ricardo Alfonso Sánchez Dorantes, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México; recibió la solicitud de autoridades estadounidenses solicitaron su detención con fines de extradición, misma que quedó asentada bajo el expediente 3/2026.
Esta solicitud se remontaría al fallo emitido el 26 de agosto de este año por un Gran Jurado con sede en el Distrito de Columbia, mismo que lo acusó formalmente por cargos de conspiración para traficar cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense, así como por la posesión de un arma de fuego. Posterior a esta acusación, el día 31 del mismo mes, la defensa del “R1” en México tramitó un juicio de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, a fin de evitar cualquier posible acción de extradición.
Finalmente, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal desechó de plano la solicitud de protección federal, tras establecer que no hay elementos que acrediten el cumplimiento de la orden de detención provisional con fines de extradición o que se pretenda entregar al detenido a autoridades estadunidenses sin cumplir lo establecido en los tratados de extradición, razón por la cual el amparo fue señalado como improcedente.
UN CASO DE ALTO PERFIL
EL “R1”, considerado objetivo prioritario por las autoridades federales, fue detenido durante el pasado mes de junio por integrantes de las Fuerzas armadas en el municipio de Atotonilco El Alto, en Jalisco, tras lo cual fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 de El Altiplano. Fue identificado como líder de la célula criminal de “Los Rs”, así como hombre de confianza e incluso segundo al mando de Nemesio Oseguera Cervantes, ”El Mencho”, extinto líder y fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Además de múltiples cargos por delitos que incluyen posesión de con armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército y narcotráfico, se le atribuye la presunta responsabilidad intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo; así como de presuntamente haber dado la orden de ejecución, a petición de su hijo Francisco “N”, contra la influencer Valeria Márquez, cuyo feminicidio fue transmitido en vivo por redes sociales.
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