Ciudad de México. – El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, llegó este jueves a Palacio Nacional en el marco de una visita oficial que ocurre en un momento crítico y tenso de la relación bilateral, marcado por el aumento de la presión de Washington hacia el Gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico.
Previamente, el funcionario estadounidense aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se trata de la primera visita de un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos a México en 2026, luego de la realizada en septiembre del año pasado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
Aunque el viaje ocurre como parte de los mecanismos de coordinación bilateral en materia de seguridad, el contexto actual de la relación entre ambos países es distinto, debido a las recientes tensiones derivadas de acusaciones de narcotráfico contra funcionarios sinaloenses.
Coordinación en seguridad y soberanía
Ante la visita, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que el encuentro busca mantener la coordinación en materia de seguridad, aunque reiteró que cualquier colaboración debe realizarse con respeto a la soberanía nacional.
Se espera que se reuna con Claudia Sheinbaum, al igual que lo hizo su antecesora, Kristi Noem, el año pasado.
Además de la visita de Mullin, para el próximo lunes estaba previsto el viaje a México de Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, aunque posteriormente se reportó la cancelación de su visita.
Acusaciones contra funcionarios de Sinaloa
La visita ocurre días después de la llamada telefónica entre Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump, conversación que la mandataria calificó como “cordial y excelente”.
El contacto entre ambos gobiernos se dio en medio de la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez altos funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Esta se trató de la primera ocasión en que Washington solicitó la detención urgente de funcionarios mexicanos en activo por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
El caso escaló luego de que dos exfuncionarios sinaloenses, quienes ocuparon cargos en las áreas de seguridad y finanzas, se entregaran recientemente a autoridades de Estados Unidos.
Hasta el momento, el Gobierno federal ha rechazado que vaya a extraditar a las personas señaladas y ha sostenido que las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas suficientes para proceder con detenciones urgentes.