Ciudad de México.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no asistió a la reunión de trabajo en el Senado de la República que inició a las 12:00 horas de este martes. La comparecencia tenía como fin esclarecer la participación de presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos de seguridad dentro del estado, un hecho que ha generado una fuerte tensión política y diplomática.
Las razones detrás de la inasistencia
A través de un mensaje enviado a medios de comunicación y una carta formal dirigida a la Mesa Directiva del Senado, la mandataria estatal fue enfática al señalar que su presencia no es un requerimiento legal ineludible. “No vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio, nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente, no al Senado”, expresó Campos.
En el documento oficial, la gobernadora argumentó que su decisión busca proteger la integridad de las investigaciones en curso relacionadas con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal. Según el oficio, su ausencia es necesaria para “salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada”.
El origen de la polémica: Agentes de la CIA y bajas en operativos
La controversia escaló tras los eventos ocurridos entre el 17 y 19 de abril, cuando se reveló que agentes estadounidenses participaban en acciones contra el narcotráfico en suelo chihuahuense. El caso tomó relevancia pública el 19 de abril, tras un accidente automovilístico donde fallecieron dos agentes de Estados Unidos junto con el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y otro elemento local.
La participación de estos agentes extranjeros no fue notificada a los mandos superiores ni a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un asunto de soberanía y seguridad nacional.
Crisis institucional y la renuncia del fiscal
El rechazo de la gobernadora a presentarse en el Senado ocurre en un contexto de fragilidad institucional en Chihuahua. El pasado 27 de abril, César Jáuregui Moreno presentó su renuncia irrevocable como fiscal general del Estado, reconociendo “omisiones tanto en la información como en la gestión institucional” respecto al caso de los agentes estadounidenses.
Por su parte, el senador Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, criticó duramente la postura de la gobernadora, señalando que el estado vive una “brutal crisis institucional” y que la negativa a rendir cuentas representa otra ilegalidad.
La postura del gobierno federal
Pese a los cambios en el gabinete estatal, la presidenta Sheinbaum advirtió que las indagatorias no se detendrán. “Ayer viene una renuncia y se tiene que seguir investigando... no para con una renuncia”, sostuvo la mandataria, subrayando que la Fiscalía General de la República (FGR) ya lidera la investigación para determinar el alcance de la presencia extranjera en operativos estatales.
Mientras el Senado analiza el contenido del escrito enviado por Maru Campos para determinar posibles acciones legales o políticas, el gobierno de Chihuahua mantiene que su administración se conduce bajo principios de legalidad y transparencia.
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