Ciudad de México.- La detención del exfiscal general del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, marca un hito en la agenda judicial del país.
El exfuncionario enfrenta imputaciones en el fuero local por ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, sumadas a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por conductas que podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional.
Acusaciones de la Fiscalía de Chihuahua y el operativo de El Pinal
El origen del expediente se remonta a abril de 2026, cuando la Agencia Estatal de Investigación ejecutó un operativo en la localidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde se localizó y desmanteló un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
Según la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público estatal dentro de la causa penal 3055/2026, Jáuregui habría ordenado y coordinado la incorporación de cuatro ciudadanos estadounidenses a las acciones de inteligencia y despliegue sin contar con la autorización de las autoridades federales.
La representación social sostiene además que Jáuregui acordó la integración del personal extranjero junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo, entonces fiscal de Operaciones Estratégicas.
Tras el despliegue en El Pinal, un accidente carretero cobró la vida de dos agentes estatales y de dos de los ciudadanos estadounidenses.
Pese a que en su momento el exfiscal declaró que los extranjeros realizaban tareas de "capacitación en drones", las investigaciones revelaron que su participación en las operaciones de campo carecía de sustento legal.
Sobre el equilibrio entre la efectividad operativa y el apego a la ley, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, señaló:
El desmantelamiento del laboratorio constituye un resultado importante contra la delincuencia organizada, pero las acciones de las instituciones deben sujetarse a los procedimientos legales".
Por su parte, la postura institucional de la representación social enfatizó que "ningún resultado operativo justifica violar la ley".
La FGR investiga presunta traición a la patria y ataque a la soberanía
En el ámbito federal, la FGR, encabezada por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, cumplimentó una orden de aprehensión resultante de más de 100 actos de investigación de gabinete y campo.
La autoridad federal sostiene que permitir la intervención de agentes extranjeros no autorizados en tareas reservadas vulnera el pacto federal y la soberanía nacional.
De acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal, el delito de traición a la patria contempla penas que van de los cinco a los 40 años de prisión para quienes realicen actos tendientes a someter el territorio nacional o cooperen con autoridades extranjeras en detrimento de la nación.
Respecto al conocimiento previo del operativo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó oportunamente que el Gobierno federal no tenía información ni había otorgado permiso para la intervención de agentes estadounidenses.
Claves de la audiencia judicial: controversia por las pruebas y competencia
Durante el desarrollo de la comparecencia inicial ante el juez de control Luis Alberto Simental Ortega, se registraron momentos definitorios para el rumbo del proceso:
1.- Petición de audiencia privada rechazada: El Ministerio Público solicitó llevar la sesión a puerta cerrada argumentando riesgos a la seguridad nacional. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud al afinar:
"El Poder Judicial del Estado es un ente transparente y al no existir algún detalle que se considere como relevante para la seguridad nacional, la audiencia debe celebrarse de manera pública".
2. Exclusión de testimonio clave: La defensa del exfiscal logró que se retirara del paquete probatorio la declaración de Arturo Zuany, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación, debido a que este ostenta también la calidad de imputado en la misma causa.
3.- Debate sobre jurisdicción: Encabezada por los abogados Héctor Villasana Ramírez y Luis Villegas, la defensa sostuvo que la Fiscalía General del Estado carece de competencia para procesar el caso, argumentando que los hechos corresponden al fuero federal o, en su defecto, a la Fiscalía Anticorrupción local.
Reacciones políticas: protestas del PAN y postura de Morena
La detención de César Jáuregui Moreno —quien figuraba como precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de la capital de Chihuahua— desató movilizaciones al exterior de la Ciudad Judicial. Simpatizantes y liderazgos panistas denunciaron que el proceso constituye una persecución política encaminada a frenar sus aspiraciones electorales.
En contraste, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, exigió profundizar las investigaciones en torno a la violación de la soberanía territorial y advirtió que el arresto del exfiscal no debe utilizarse:
Para cerrar el caso y proteger políticamente a la gobernadora" Maru Campos Galván.
El proceso penal continúa su curso mientras los jueces determinan la situación jurídica del imputado, quien conserva su derecho a la presunción de inocencia.
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