Norma Piña señala que violar la Constitución se ha vuelto una práctica recurrente

Redacción 

Ciudad de México. - La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, señaló que en México se ha vuelto una práctica común violar la Constitución, desacatar órdenes judiciales y, amenazar a juzgadores y ministros con denuncias penales y juicios políticos.

“se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones de los jueces federales en contravención de la Constitución; se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces y ministros con denuncias penales y juicios políticos”, dijo. 

Durante su segundo informe de labores, el último antes de concluir su mandato el 31 de agosto próximo, Piña Hernández dijo que la reforma judicial se aprobó e implementó sin diagnóstico, por lo que sus consecuencias positivas o negativas se conocerán a futuro

Por otra parte, enlistó tres sucesos por los que se calificó a la mayoría de ministros como “traidores, corruptos, aliados de la delincuencia organizada”: la anulación del pase de la Guardia Nacional al Ejército, la invalidación del decreto que califica como seguridad nacional a las megaobras de la llamada Cuarta Transformación y la cancelación del Plan B de reforma electoral, estos durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

La ministra afirmó que los ministros que votaron en contra de medidas percibidas como contrarias al proyecto político del gobierno fueron objeto de acusaciones graves: “Fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad”.

Además, contrastó estas reacciones con las ocasiones en las que la Corte resolvió casos percibidos como favorables al gobierno, como la decisión que dejó vigente la reforma a la industria eléctrica: “cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales”.

La presidenta de la SCJN cuestionó cuál fue la conducta de los juzgadores que mereció “una amenaza persecutoria y punitiva” y enfatizó que otorgar suspensiones, admitir medios de defensa y ejercer funciones deliberativas como tribunal constitucional son acciones previstas en la ley.

“Por resolver casos de formas que consideraron contrarias a sus deseos e intereses; por otorgar suspensiones y medidas cautelares que en el fondo se puede coincidir o no en su otorgamiento, pero que están previstas en la Ley de Amparo; por atrevernos a admitir medios de defensa -a los que estamos obligados por ley- interpuestos por minorías políticas o por personas que consideraron vulnerados sus derechos por actos de autoridad o por ejercer nuestra función deliberativa como tribunal constitucional”, agregó.

Asimismo, señaló que el Poder Judicial no se opuso a una reforma y presentó un diagnóstico basado en consultas a diversos sectores, sobre seguridad y justicia. Por otra parte, consideró que: “ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza”. 

Finalmente, expresó su esperanza de que la reforma judicial construya un sistema que fortalezca la protección de los derechos humanos, el control de constitucionalidad y los contrapesos entre poderes.

“la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos; un mejor control de regularidad constitucionalidad; un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país, pero esto solo se verá con el tiempo, que será cuando la reforma se podrá apreciar y evaluar en su totalidad”, dijo.

La ministra Piña Hernández clausuró el segundo periodo de sesiones, con efectos al próximo 13 de diciembre, y convocó a los ministros a sesión el 6 de enero, en medio de la organización de la elección judicial por la que ocho integrantes del Alto Tribunal presentaron sus renuncias y dejarán sus cargos el próximo 31 de agosto.

PGC