ONG revela malas prácticas durante incendio en estación migratoria en Ciudad Juárez

Redacción

Ciudad de México.- Luego que el 27 de marzo pasado se cumplió un año del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 indocumentados muertos y 27 heridos, organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe en el que señalaron que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) incurrieron en malas prácticas.

“Los agentes del INM y los guardias de seguridad privada decidieron no abrir la celda ni intentar salvar a los migrantes que ahí se encontraban. Los guardias sentenciaron a la tragedia a las personas al responder a sus súplicas de ayuda diciéndoles “¡Suerte, güeyes!”, subraya el texto.

Fue así que la Fundación para la Justicia (FJEDD), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Asylum Access México y la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa”, presentaron su análisis titulado "No nos dejen morir aquí: Incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez”, en cuyo escrito refieren que el gobierno federal implementa una estrategia exclusiva de contención de personas migrantes.

Además, lamentaron que ese ejercicio no respete los derechos humanos de quienes solicitan asilo y refugio, al tiempo que subrayó que los migrantes "son tratados como criminales en su tránsito por México".

DETENCIONES ARBITRARIAS

Otras de las anomalías que detectaron fue que la administración federal realiza detenciones arbitrarias y se registraron casos de migrantes privados de la libertad, a pesar de que contaban con documentación que acreditaba su estancia en nuestro territorio.

En estas detenciones arbitrarias, apuntaron, participaron autoridades del municipio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Dirección de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y del ámbito federal como la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Dicho documento disponible desde ayer menciona que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) destaca por su ausencia, dado que no permite que el INM sea el encargado de implementar las medidas de asistencia y reparación, pese a que ha sido señalado como el responsable de la tragedia en Ciudad Juárez.

Precisamente, en el hecho del 27 de marzo de 2023, estas ONG indicaron que algunos indocumentados permanecieron en la estancia provisional por más de tres días, violando así el tiempo límite de 36 horas para que una persona permanezca detenida por cometer una falta administrativa, además que no contaban con agua y comida.

“Este espacio, lejos de asegurar la dignidad de los migrantes detenidos, se convirtió en un entorno torturante: la iluminación artificial permanente dificultaba el descanso, el espacio físico resultaba insuficiente para la cantidad de personas recluidas, y tanto los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), como los guardias de seguridad privada ejercían violencia física y verbal contra los individuos privados de libertad”, apuntaron.

DECLARARON MUERTOS A VIVOS

Un dato alarmante que las organizaciones cuestionan es que las autoridades declararon muertas a las personas que se encontraban con vida, “Al sacar los cuerpos al estacionamiento de la estancia, los servicios de rescate colocaron en una bolsa para fallecidos a un migrante que se encontraba con vida”, se lee en el informe.

Respecto a la investigación de los hechos penales, las ONG manifestaron que el gobierno federal se ha caracterizado por dificultar el involucrar a las víctimas y la defensa de sus derechos, al tiempo que apuntaron que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial han presentado obstáculos para que las víctimas puedan ejercer sus derechos.

IMCM