ONU respalda Ley de Feminicidio en México, pide incluir a mujeres trans y trabajadoras sexuales

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Expertos de la ONU respaldan la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio en México y recomiendan incluir expresamente a mujeres trans y trabajadoras sexuales.

ONU exige proteger a trans y trabajadoras sexuales (Foto Cuartoscuro)
ONU exige proteger a trans y trabajadoras sexuales (Foto Cuartoscuro)

Ciudad de México.- Especialistas del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, junto con el experto independiente en identidad de género, enviaron una comunicación oficial al Gobierno de México reconociendo la iniciativa para unificar la investigación y sanción del feminicidio en todo el país.

Sin embargo, enfatizaron la necesidad de incluir expresamente a las mujeres transgénero y a las trabajadoras sexuales en el marco de protección legal, además de evaluar y sancionar las omisiones institucionales de las autoridades.

Armonización legislativa y unificación de criterios en el país

El pronunciamiento, firmado por Ivana Krstić, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo, y por el experto independiente Graeme Reid, valora la reforma nacional que busca reducir las disparidades normativas entre los estados de la República Mexicana. De acuerdo con la declaración de los especialistas internacionales:

           Valoramos especialmente los esfuerzos orientados a armonizar la tipificación y sanción del feminicidio en todo el territorio nacional. La reducción de disparidades normativas entre las entidades federativas constituye una oportunidad para garantizar una respuesta más coherente, efectiva y respetuosa de los derechos humanos, así como para reforzar la seguridad jurídica y el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias".

Asimismo, la ONU destacó la importancia de consolidar sistemas de información uniformes y crear un registro especializado para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a causa de la violencia feminicida. Respecto a la perspectiva transversal de la propuesta, los expertos añadieron:

           Quisiéramos señalar que valoramos profundamente el hecho de que la iniciativa incorpore una comprensión del feminicidio desde un enfoque interseccional".

Inclusión explícita de mujeres trans e identidad de género

Un punto central de la comunicación remitida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la recomendación de precisar la redacción de la norma para que comprenda de forma expresa a las mujeres y niñas transgénero. Los especialistas subrayaron la relevancia jurídica de esta visibilización:

           Visibilizarlas expresamente permite asegurar que las medidas de prevención, protección, investigación, sanción y reparación frente al feminicidio sean aplicables sin discriminación y respondan adecuadamente a las circunstancias y formas particulares de violencia que les pueden afectar".

En este sentido, recordaron el sustento de esta protección dentro del marco internacional de los derechos humanos:

"Quisiéramos subrayar que la identidad de género constituye una categoría protegida de forma autónoma en el Derecho internacional de los derechos humanos, amparada bajo el principio fundamental de no discriminación".

Aunado a ello, la ONU planteó que los futuros protocolos de investigación establezcan que las indagatorias de muertes violentas no dependan de una determinación previa sobre la identidad de género de la víctima para investigarse como presunto feminicidio.

La comunicación recordó que, en 2025, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) externó su preocupación por que los crímenes transfóbicos solo contaban con tipificación específica en la Ciudad de México y Nayarit.

Agravantes para trabajadoras sexuales y sanción a la negligencia institucional

En relación con el trabajo sexual, los expertos respaldaron que la iniciativa contemple una pena agravada cuando la víctima desempeñe esta actividad. No obstante, instaron a que las investigaciones examinen posibles contextos de trata de personas, explotación, coacción o violencia de clientes y terceros, evitando que la ocupación sea utilizada para restar gravedad al delito o revictimizar.

Por último, los especialistas enfatizaron la necesidad de establecer procedimientos para exigir responsabilidades e investigar las fallas institucionales cuando existan omisiones en la evaluación de riesgos, la atención de denuncias previas o la aplicación oportuna de medidas de protección.

Por su parte, la Cancillería mexicana confirmó que mantendrá el diálogo fluido con los mecanismos de la ONU y transmitirá las observaciones al Congreso de la Unión.

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