Redacción
Ciudad de México.- En un paso significativo hacia el esclarecimiento de los hechos ocurridos en 2014, el Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a liberar toda la documentación generada por sus órganos de inteligencia en Iguala, Guerrero, durante 2014, año de la desaparición de los 43 normalistas.
La resolución, dictada por el impartidor de justicia Alan Arriola Padilla el pasado 19 de febrero de 2026, responde a un juicio de amparo (1350/2023) promovido por los padres y madres de las víctimas. El fallo establece que el Ejército debe facilitar el acceso a una brecha de información que comprende al menos 853 folios.
Toda esta exigencia de documentos surge tras las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su informe final reveló la existencia de comunicaciones internas del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) que no fueron entregadas íntegramente.
Fue así que Arriola Padilla determinó que la falta de continuidad en la numeración de los documentos no es prueba de su inexistencia, sino un indicio de que están bajo resguardo militar y han sido omitidos deliberadamente. Refirió que esta falencia representa un incumplimiento al decreto presidencial de 2018, que mandata a todas las instituciones federales a cooperar totalmente con la investigación.
DERECHO A LA VERDAD SOBRE CONFIDENCIALIDAD
Uno de los puntos más relevantes de la sentencia es el reconocimiento del derecho de las familias y de la sociedad a conocer la verdad. Bajo esta premisa, el juzgado determinó que la información solicitada no puede ser reservada bajo criterios de confidencialidad o seguridad nacional, dado que el interés público de esclarecer un crimen de esta magnitud es preponderante.
Esta victoria jurídica es impulsada por las familias de los estudiantes, con el respaldo de organizaciones como el Centro Prodh, Tlachinollan, Fundar y Serapaz. La demanda fue presentada en agosto de 2023 ante la falta de avances en la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) y la persistente negativa de las autoridades militares a transparentar sus archivos.
Con este fallo, se refuerza la orden emitida previamente en septiembre de 2023, que prohíbe a las fuerzas armadas destruir, ocultar o alterar cualquier material vinculado al caso. La entrega de estos 853 folios se considera vital para entender el contexto criminal de Iguala y el destino final de los jóvenes normalistas.
IMCM