Ciudad de México. - El Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 urgió el viernes a la Secretaría de Gobernación a convocar a las instituciones involucradas en el caso para revisar los avances de la investigación, retomar líneas pendientes y evitar la criminalización de sus protestas.
Solicitan reunión interinstitucional
Las familias señalaron en un posicionamiento dirigido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fechado el viernes en Ayotzinapa, que solicitaron una reunión integral con la FGR, la SRE, la CoVAJ y la unidad especial del caso, sin sustituir los encuentros periódicos con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Acusan abandono de líneas de investigación
De acuerdo con los padres, desde 2024 se habrían abandonado líneas de investigación relacionadas con la llamada “verdad histórica”, versión oficial del gobierno anterior a 2018, que la CoVAJ consideró un montaje para encubrir responsables y ocultar el paradero de los normalistas.
En ese sentido, el comité afirmó que dichas indagatorias apuntaban a la participación de cuerpos de seguridad, Guerreros Unidos y funcionarios locales en Iguala, donde los estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Señalan puntos prioritarios de búsqueda
Para las familias, los esfuerzos deben centrarse en dos lugares prioritarios: la comandancia de la policía municipal de Iguala, adonde, según documentos militares, habrían sido llevados al menos 17 jóvenes antes de un posible traslado, y los sitios de Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan, donde podrían haber sido llevados por lo menos 11 estudiantes.
Asimismo, solicitaron una comisión de trabajo con madres y padres, asesores jurídicos, la CoVAJ y la unidad especial, para analizar 33 folios militares y extraer datos que el Ministerio Público pueda diligenciar e integrar como pruebas para una eventual judicialización.
Exigen intervención de la Cancillería en extradiciones
En otro punto, el comité pidió a la Cancillería incluir en el diálogo bilateral con Estados Unidos la extradición de los exfuncionarios Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, a quienes consideran clave por su presunta relación con torturas, alteración de escenas y conocimiento de lo ocurrido en la comandancia policial.
Las familias también solicitaron la asistencia técnica internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya labor señalaron como fundamental para desmontar la versión oficial inicial y abrir nuevas rutas de investigación.
Rechazan criminalización de protestas
Finalmente, pidieron a la Secretaría de Gobernación que no se criminalice ni reprima al movimiento ni a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, por las protestas recientes en el contexto de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
“Nos mueve el amor a nuestros hijos”, afirmaron, al negar vínculos con la ultraderecha y pedir que no se abran investigaciones penales contra padres o estudiantes.