Ciudad de México.- Con 38 manifestaciones y bloqueos parciales en rutas clave como las vialidades hacia el Valle de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) protestó por la inseguridad y ajustes fiscales; tras ello, la administración federal afirmó que el recorte a deducciones de peaje atañe a sólo 170 grandes consorcios y no a la canasta básica.
La movilización provocó cierres parciales repartidos en 19 entidades federativas, afectando la movilidad e interrumpiendo el flujo logístico en arterias neurálgicas del territorio nacional.
Ante el amago del sector, la autoridad federal reiteró un enérgico llamado a evitar colapsar las vialidades, al tiempo que concretó mesas de negociación con cúpulas del autotransporte que optaron por desmarcarse de las protestas.
LA JORNADA DE PROTESTAS Y SU IMPACTO
Las movilizaciones en más de la mitad del país, concentraron su mayor fuerza y número de incidencias en el Estado de México, Nuevo León y Veracruz.
Mientras que, en las aproximaciones al Valle de México, los cierres parciales de vialidades y la reducción de carriles estrangularon el tránsito en autopistas estratégicas como la México-Querétaro, México-Pachuca, Peñón-Texcoco, Ecatepec-Pirámides y Chamapa-Lechería, así como en Paseo Tollocan en Toluca y la caseta de Tepotzotlán.
A causa de las restricciones viales en los accesos al Valle de México, la administración del AIFA emitió avisos preventivos a los pasajeros sobre eventuales demoras para arribar a la terminal aérea, aunque precisaron que las operaciones aeronáuticas mantuvieron su curso regular.
Desde la Secretaría de Gobernación (Segob) se advirtió que la interrupción de las vías generales de comunicación afecta el traslado de miles de familias a sus centros de trabajo y escuelas, además de comprometer el suministro de mercancías en las cadenas comerciales e industriales.
REDUCCIÓN A DEDUCCIONES DE PEAJE
El núcleo económico del diferendo radica en la propuesta hacendaria para 2027, la cual contempla modificar el esquema que permite a las empresas de autotransporte deducir el costo de los peajes y acreditarlo contra el Impuesto sobre la Renta (ISR).
De acuerdo con Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el proyecto reduce el límite de ingresos anuales de 300 millones a 250 millones de pesos para acceder a este beneficio.
El funcionario detalló que, del universo de 2 mil 580 compañías que actualmente aprovechan el mecanismo, el 94% mantendrá el beneficio intacto y únicamente 170 grandes consorcios —el 6% restante— dejarán de recibir la franquicia.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó en su “mañanera” que la medida genere distorsiones en los precios al consumidor y atribuyó la inconformidad al malestar de un grupo reducido de grandes corporaciones.
"No tiene ningún efecto ni en la canasta básica ni en la operación del transporte de carga en nuestro país. Es nada más, pues, reducir algo que era excesivo", enfatizó la titular del Ejecutivo federal.
Asimismo, la mandataria reafirmó que el respaldo estatal al sector continuará al considerarlo un pilar fundamental en la formación de precios para la economía nacional.
RUPTURA EN LAS CÚPULAS DEL AUTOTRANSPORTE
Mientras los contingentes mantenían la presencia en vías estratégicas, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Segob, encabezó una mesa institucional en las instalaciones de la dependencia con dirigentes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Cámara Nacional del Autobús, Autotransporte y Turismo (Canapat), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).
Dichas organizaciones expresaron formalmente su rechazo al paro convocado por la Canacar y manifestaron su disposición de encauzar sus peticiones por la vía del acuerdo.
La Segob reiteró la postura oficial al manifestar: "Las demandas de un sector no deben traducirse en afectaciones a la vida cotidiana de la población".
Fue así que las dependencias recalcaron que la atención a las inquietudes operativas se mantendrá mediante canales normativos y sin supeditar el libre tránsito de la ciudadanía.
IMCM
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