Un total de 12,532 personas murieron en 2017 por las luchas entre narcotraficantes en México, lo que indica un recrudecimiento de la violencia entre cárteles, y coincide con el peor dato de homicidios en el país en dos décadas.
Casos en aumento
Sin embargo, otros casos en aumento fueron los asesinatos de políticos mexicanos, con un total de 34, siendo el estado de Guerrero el de mayor incidencia, con 18 ejecuciones.
Entre las víctimas se encuentran expresidentes municipales, exdiputados, exregidores, funcionarios municipales, militantes y dirigentes de los partidos PRD, PRI, Movimiento Ciudadano y Morena, además de aspirantes independientes que pretendían contener algún cargo de elección popular.
La lista incluye los asesinatos de Arturo Gómez Pérez, presidente municipal de Petatlán, Roger Arellano, exalcalde General Canuto; Catalino Duarte, ex diputado federal; Demetrio Saldívar, secretario general del PRD; Elí Camacho, exalcalde de Coyuca de Catalán; Francisco Tecuchillo, el edil de Zitlala; Ranferi Hernández, exdirigente estatal del PRD.
En el mismo estado se registraron los homicidios de Miguel Ángel Solorio, ex regidor del PRD; Armando Arturo, dirigente del partido Movimiento Ciudadano y ex candidato a alcalde de Quechultenango.
En Puebla, otra de las entidades más impactadas por la violencia, la lista de políticos asesinados se conforma por Antolín Vital Jiménez, de Tepexco; Guadalupe González Saíno, regidora suplente de Jopala y Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan de Serdán, Jorge Hernández Jiménez, regidor en Que cholac; Joaquín Miranda, regidor en Chietla; y Víctor Amador Jerónimo, ex candidato a la presidencia municipal de Jalpan.
En Veracruz fueron asesinados Santana Cruz Bahena, alcalde electo de Hidalgotitlán; Víctor Manuel Espinoza, alcalde de Ixhuatlán de Madero y Antonio Arroyo, candidato a la alcaldía de Tenochtitlán. Chiapas también registró tres políticos muertos: Sergio Antonio Zenteno, alcalde de Bochil; Domingo López, alcalde de San Juan Chamula y Luis Hernández Cruz, líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-Histórica (CIOAC-H) en el estado.
La última víctima fue Adolfo Serna Nogueda, (asesinado el 31 de diciembre), empresario y aspirante del Revolucionario Institucional (PRI) a la Alcaldía de Atoyac, Guerrero, mismo estado en el que dos días antes (29 de diciembre) fue ejecutado el perredista Arturo Gómez Pérez, Edil de Petatlán.
El 31 de diciembre también fue hallado sin vida Gabriel Hernández Arias, regidor perredista en Jalapa, Tabasco. Ese mismo día, Luis Fernando Flores, del Partido Acción Nacional (PAN) y funcionario de la Secretaría del Trabajo de Chihuahua fue asesinado en un supuesto asalto. A la lista de asesinatos durante el cierre de año se suma el de Juan José Castro Crespo, ex candidato a Diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ejecutado en Mexicali, Baja California.
El 28 de diciembre, otro miembro del PRD fue asesinado a tiros. Se trata de Saúl Galindo Plazola, quien era presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Jalisco y tres días antes de su ejecución se había registrado como precandidato la Alcaldía de Tomatlán. El 25 de diciembre, en el mismo estado, el activista y coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de La Huerta, Salvador Magaña Martínez, fue hallado muerto.
Ola de violencia
La inédita ola de ejecuciones en 2017, considerado el año más violento en la historia moderna del país, ha sido condenada por la sociedad civil, empresarios, políticos, activistas, investigadores y líderes católicos.
