Redacción
Ciudad de México.- La investigación en torno al homicidio del exedil Carlos Manzo Rodríguez, líder del "Movimiento del Sombrero", enfrenta un nuevo impasse, luego que Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que la actual presidenta municipal de Uruapan y viuda de la víctima, Grecia Quiroz García, rechazó entregar el teléfono personal del exalcalde para su análisis pericial.
De acuerdo con las autoridades, el dispositivo es considerado una pieza clave para el esclarecimiento del crimen ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025.
La Fiscalía busca acceder a metadatos, geolocalizaciones y conversaciones de WhatsApp, tras detectar indicios de que los agresores recibieron información en tiempo real sobre los movimientos de Manzo Rodríguez desde el interior de su propio círculo cercano.
RESISTENCIA Y CONDICIONES
Pese a que la FGE ha solicitado el equipo en reiteradas ocasiones, Quiroz García sostiene que su postura responde a una voluntad expresa que Manzo Rodríguez manifestó en vida.
De esta forma, la viuda condiciona que cualquier revisión del aparato se realice estrictamente bajo su supervisión personal, argumentando que busca evitar la manipulación o siembra de evidencia por parte de los funcionarios ministeriales.
Esta falta de cooperación contrasta con la actitud de otros 14 servidores públicos municipales, quienes han acudido de manera voluntaria a entrevistas y han permitido el acceso a sus propios dispositivos móviles para coadyuvar en la indagatoria.
CONFLICTOS CON LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA
La situación genera una confrontación pública con Juan Manzo, hermano del exalcalde y subsecretario de Gobernación. El funcionario acusó al Ayuntamiento de Uruapan de utilizar recursos públicos para costear la defensa legal de los siete escoltas que actualmente están procesados por homicidio doloso por omisión.
Ante estos señalamientos, Quiroz García invitó a su cuñado a "darse un chapuzón" en el expediente judicial y negó categóricamente el uso de presupuesto para apoyar a los imputados, asegurando que los policías fueron dados de baja de la nómina municipal.
Por su parte, la Fiscalía recordó que cualquier beneficio procesal para los involucrados deberá contar con el consenso de las víctimas indirectas, incluyendo a la madre y esposa del fallecido.
IMCM
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