Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue y determine las responsabilidades penales correspondientes ante los señalamientos de corrupción que involucran a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, así como a su círculo de funcionarios y colaboradores.
La consejera presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, dio a conocer que las 10 consejerías del INE alcanzaron un acuerdo unánime para instruir a sus equipos jurídicos a formular la denuncia formal ante el ministerio público federal.
Al respecto, Cruz enfatizó: “Les puedo adelantar que las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos avancen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades a quien corresponda”.
ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN E IMPLICADOS
La acción legal promovida por la autoridad electoral no se limitará a perfiles individuales concretos, sino que abarcará de manera generalizada a cualquier servidor o exservidor público que haya laborado en áreas que van desde la presidencia del instituto hasta la Secretaría Ejecutiva, direcciones y subdirecciones.
Cruz explicó que la representación institucional no entregará una lista cerrada de nombres para no acotar el rastreo de la autoridad persecutora, permitiendo que la FGR indague a todo aquel personal sobre el que recaigan expedientes del Órgano Interno de Control o de la Auditoría Superior de la Federación.
En relación con este criterio, la presidenta provisional puntualizó: “No podemos presentar nombres, es en la generalidad porque debe abarcar a cualquier colaborador que pueda estar con indicio o señalamiento porque hemos visto que es más de una persona la que está señalada”.
PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y ACUERDOS EMERGENTES
Las autoridades del INE prevén que la denuncia quede formalmente presentada ante la FGR a más tardar mañana miércoles.
Respecto a la clasificación de las faltas, Blanca Cruz precisó que el órgano electoral no cuenta con atribuciones para definir tipos penales, por lo que corresponderá a la fiscalía tipificar los delitos y determinar las consecuencias jurídicas pertinentes.
De forma paralela, la presidenta provisional informó que durante la sesión del Consejo General fijada para este jueves se someterá a votación un acuerdo de carácter emergente.
Este mecanismo administrativo normará los procedimientos internos para el deslinde de responsabilidades, la atención de cuestiones administrativas y la colaboración directa con la Auditoría Superior de la Federación.
Con información de Milenio
IMCM
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