Ciudad de México.- En una determinación que marca un hito en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", un juez federal vinculó a proceso a Ángel Aguirre River, exgobernador de Guerrero.
Tras una diligencia maratónica de casi 14 horas celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, se resolvió que el exmandatario permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa en este penal de máxima seguridad de "El Altiplano”.
Mario Elizondo Martínez, impartidor de justicia, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó indicios suficientes para procesar a Aguirre Rivero por el delito de desaparición de personas cometido por servidores públicos.
Dicho cargo, que fue reclasificado durante la audiencia, contempla penas que oscilan entre los 40 y 60 años de prisión, puesto que sanciona a funcionarios que oculten o se nieguen a proporcionar información sobre el paradero de personas privadas de su libertad.
OCULTAMIENTO DE LOS VIDEOS DE IGUALA
La teoría del caso presentada por la FGR sostiene que Aguirre Rivero, de 70 años, habría ordenado la destrucción de grabaciones clave del Palacio de Justicia de Iguala, específicamente de las cámaras 12 y 15, que documentaron los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014.
Según el ministerio público, dichas cámaras registraron el momento en que los estudiantes que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531 fueron obligados a descender para ser subidos a otra unidad custodiada por hombres armados.
Con base de esta imputación, su señalamiento radica en los testimonios de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora general del mismo organismo.
Estrada Ortega declaró ante la fiscalía que el 29 de septiembre de 2014 sustrajo de la oficina de Galeana Marín un disco con los metrajes y lo entregó personalmente a Aguirre Rivero en Chilpancingo a las 20:30 horas.
De acuerdo con estos comentarios, el exgobernador habría cuestionado a su gabinete al día siguiente sobre la eliminación de estas evidencias, argumentando que las desapariciones “no podían pasar a mayores” debido a sus estrechos vínculos con el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
DEFENSA PRESENTA 31 PRUEBAS PARA DESMENTIR
Para confrontar la acusación, el equipo legal del experredista hizo uso de 31 datos de prueba distintos, con el objetivo de demostrar que Aguirre no se encontraba en Guerrero la noche en que presuntamente recibió el material audiovisual.
La defensa presentó testimonios, notas periodísticas e información vía redes sociales para sostener que el 29 de septiembre de 2014, el mandatario estuvo en la Ciudad de México para sostener una reunión privada con Miguel Ángel Osorio Chong, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Entre los comparecientes a favor de Aguirre Rivero destacaron:
• Felipe Martín Ornelas Rebollo, excoordinador de Seguridad y Transporte Aéreo, quien afirmó haber trasladado al gobernador a la zona de Polanco, para una cita a las 18:00 horas, regresando por tierra a Chilpancingo hasta las 23:00 horas.
• Jesús Martínez Garbelo, exsecretario de Gobierno estatal, quien desmintió la participación de Lambertina Galeana Marín y Blanca María del Rocío Estrada Ortega en las reuniones estratégicas de seguridad.
Pese a estos argumentos, Elizondo Martínez Elizond decidió vincular al exmandatario, señalando que en delitos de esta naturaleza el análisis debe ser flexible y basado en pruebas indiciarias. Al respecto, el juzgador manifestó de forma contundente: “Aquí no vamos a encontrar pruebas directas, porque el objetivo del delito es ocultar pruebas”.
ETAPA COMPLEMENTARIA Y ESTADO DE SALUD
Tras la vinculación a proceso, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 4 de diciembre.
Durante este periodo, la FGR deberá robustecer el expediente con nuevos testimonios y evidencias, mientras que la defensa de Aguirre Rivero adelantó que apelará la resolución judicial.
Asimismo, los abogados del exgobernador solicitaron medidas especiales para su internamiento en “El Altiplano”, enfocadas principalmente en garantizar el suministro de medicamentos necesarios para su condición de salud.
Aguirre Rivero, licenciado en Economía por la UNAM y dos veces titular del ejecutivo guerrerense —de 1996 a 1999 como sustituto y de 2011 a 2014 como constitucional—, permanece bajo custodia desde su detención el pasado 6 de agosto.
IMCM
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