Redacción
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a la controversia jurídica en torno a la desaparición de 109 fondos y fideicomisos públicos, decretada originalmente en 2020 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pleno del máximo tribunal determinó que el proceso legislativo para su eliminación no presentó fallas graves que invalidaran la decisión del Congreso.
Al analizar las impugnaciones presentadas por legisladores de oposición, los ministros concluyeron que estos instrumentos financieros funcionan como mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo y no representan garantías inamovibles para el ejercicio de derechos.
Según la resolución, el Estado tiene la libertad de reorganizar sus recursos para mejorar la transparencia y eficiencia del gasto, siempre que dicha reestructuración sea razonable y no vulnere derechos fundamentales.
La justificación original para concentrar estos fondos fue la necesidad de obtener recursos extraordinarios para combatir la pandemia de Covid-19.
EL ESTADO NO PUEDE EVADIR RESPONSABILIDADES
A pesar del aval a la extinción de los fideicomisos, diversos integrantes de la Corte, incluyendo a su presidente Hugo Aguilar Ortiz, enfatizaron que la desaparición del "vehículo" financiero no anula el deber constitucional de financiar áreas prioritarias.
Los ministros advirtieron que el gobierno federal está obligado a garantizar la continuidad de los apoyos en sectores críticos como:
• Atención a víctimas.
• Protección del medio ambiente.
• Desarrollo de la ciencia y tecnología.
El fallo establece que, ante la falta de fideicomisos, estos rubros deben ser atendidos mediante mecanismos presupuestarios directos u otras vías administrativas que den certeza a los beneficiarios.
ARGUMENTOS SOBRE OPACIDAD Y CORRUPCIÓN
Durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama defendió la medida señalando que muchos de estos fondos operaban bajo secreto fiduciario, lo que dificultaba su fiscalización.
Batres Guadarrama citó irregularidades detectadas en el pasado, como el caso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, donde se desconoce el paradero de 800 millones de pesos, o transferencias millonarias del Conacyt a empresas privadas que terminaron en proyectos inconclusos.
Con esta resolución, se cierran definitivamente los litigios derivados de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Senado hace cinco años, así como las impugnaciones de varios gobernadores que ya habían sido desechadas previamente.
IMCM
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