Reforma de la GN, un riesgo de militarización y de derechos humanos: ONU-DH
Redacción
Ciudad de México.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por las recientes reformas en materia de seguridad pública aprobadas por la Cámara de Diputados.
Estas modificaciones incluyen una nueva Ley de la Guardia Nacional y cambios al Sistema Nacional de Seguridad Pública e Inteligencia.
Tras ello, la ONU-DH advirtió, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, que estas propuestas legislativas "consolidan la indebida naturaleza militar" de la Guardia Nacional. Además, otorgan a sus elementos amplias facultades de investigación e inteligencia, sin los controles ni mecanismos de rendición de cuentas adecuados.
Fue de esa que específicamente, dijo, la nueva Ley de la Guardia Nacional, aprobada el pasado 24 de junio, formaliza la adscripción de dicho cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la establece como una fuerza permanente con estructura y mando militar.
También faculta a la Guardia para realizar operaciones de inteligencia, incluyendo acciones encubiertas, y establece que su comandancia estará a cargo de un general propuesto por la Defensa.
ATRIBUCIONES AL EJÉRCITO
Otro punto de inquietud es la asignación de nuevas atribuciones al Ejército para procesar información de inteligencia, lo cual, según la ONU-DH, "pondría en riesgo el derecho a la privacidad", protegido por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), así como otros derechos humanos, si no se establecen salvaguardas claras.
El pasado 26 de junio, la Cámara de Diputados también avaló una reforma profunda al marco jurídico de seguridad pública, que abarca la expedición de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
Cabe señalar que la ONU-DH reitera que la seguridad pública debe seguir siendo una responsabilidad civil, sujeta a controles democráticos, al pleno respeto de los derechos humanos y a una amplia deliberación pública.
IMCM
