Ciudad de México.- Debido a que la bancada de Morena calificó de ilegal comparecencia de Renato Sales Heredia, fiscal General del Estado (FGE) de Campeche, no se presentó en la reunión programada para la tarde de este martes por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena, aseguró que corresponde a la Conferencia para la Organización de los Trabajos Legislativos la facultad de convocar a funcionarios estatales o federales.
Señaló que la reunión de trabajo carece de legalidad porque no había quórum y criticó la postura del presidente de la comisión, Pablo Angulo Briceño, ya que, aseguró, quiere quedar bien con el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.
“Obedece más bien a una necedad política de un diputado que quiere ayudar, y eso está bien a un amigo de él, que fue su jefe, que lo ha tutelado en toda su carrera política y que, en honor a esa amistad, a ese cariño, aprecio que le tiene, tuvo que recurrir a esta práctica para quedar bien con el diputado Alejandro Moreno, esa es la realidad”, comentó.
Sales Heredia fue citado a comparecer a propuesta del diputado priista Hiram Hernández, para que el fiscal explique los resultados de la revisión de la ASF en la que se determinó un daño al erario por la cantidad de 807 millones de pesos por el presunto robo de un equipo de espionaje, mientras él era comisionado nacional de Seguridad Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
PROMUEVE AMPARO PARA NO COMPARECER
El fiscal de Campeche promovió un amparo para no acudir a la comparecencia a la que fue requerido por la Comisión, pero un juez federal le negó la medida cautelar.
El juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Jonathan Bass Herrera, rechazó conceder la suspensión al considerar que se obstaculizarían las facultades del órgano legislativo “para verificar el correcto ejercicio de recursos públicos”.
Argumentó que conceder el amparo afectaría las disposiciones de orden público, especialmente lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ya que se impediría a los representantes de San Lázaro hacer rendir cuentas a quien ejerció recursos públicos federales.
