Ciudad de México.- Desde la madrugada de este lunes, las comunidades indígenas mayo-yoreme integradas en el colectivo ¡Aquí No! han marcado un hito en su defensa del territorio. En una acción pacífica, pero firme, tomaron las instalaciones de la planta de amoniaco del grupo suizo-alemán Proman, ubicada en la Bahía de Ohuira, Sinaloa. Los manifestantes denuncian que la operación de esta planta representa una amenaza existencial para los pueblos originarios y el ecosistema local.
Un bloqueo indefinido por la vida y el territorio
El plantón, que comenzó a las 4:00 hora local, se instaló con carpas y la bandera blanca de resistencia en la entrada de Gas Petroquímica de Occidente (GPO), filial de Proman. Esta ocupación intermitente cuenta con la participación de entre 150 y 200 personas de comunidades como Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, fue contundente sobre la determinación del grupo:
Aquí nos quedaremos el tiempo que sea necesario, tiempo indefinido, hasta tener respuesta del Gobierno federal”, declaró a la agencia EFE.
Montaño enfatizó que no permitirán el acceso a nadie, una postura que ya fue comunicada a las autoridades de Semarnat y Profepa durante diálogos previos.
El impacto ambiental: Un sitio Ramsar en peligro
La principal demanda del colectivo es la cancelación y clausura definitiva de la megaplanta, la cual ya cuenta con un 88% de avance en su construcción. Las comunidades señalan que el daño ya es visible: se han talado manglares y rellenado 28 hectáreas de humedales en una zona protegida.
La Bahía de Ohuira alberga el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido internacionalmente como un sitio Ramsar. Sobre la responsabilidad de las autoridades, Montaño declaró:
Profepa debe de actuar conforme al daño causado al medioambiente y ellos (Gobierno federal) dirán cuándo, nosotros aquí estamos”.
12 años de resistencia y fallos judiciales
Este movimiento no es nuevo; los pueblos mayo-yoreme han luchado durante 12 años contra la construcción de este complejo petroquímico. En 2022, la batalla legal llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se ratificó su derecho a la consulta. Sin embargo, el movimiento denuncia que este proceso se corrompió mediante la compra de votos, invalidando la voluntad real de las comunidades.
A pesar de que el grupo GPO defiende el proyecto como un modelo de “desarrollo económico y sustentable”, las comunidades rechazan incluso la posibilidad de que la planta sea trasladada a otra zona del estado, exigiendo la reparación total de los daños causados.
Alertas internacionales y riesgos de seguridad
La preocupación ha trascendido las fronteras mexicanas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido alertas a los gobiernos de Alemania, Suiza y México. El riesgo no solo es ecológico, sino humano: una eventual fuga podría generar nubes tóxicas, poniendo en peligro a 6 mil 600 personas que dependen del ecosistema local para su subsistencia diaria.
Mientras Semarnat y Profepa proponen nuevos estudios ambientales para evaluar el proyecto, los líderes indígenas advierten que la devastación ya es evidente y que dilatar la resolución solo agrava un problema que es urgente para la supervivencia de los pueblos originarios de Topolobampo.
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