Restringe viajes EU de políticos mexicanos por presuntos nexos con narcos, asegura medio
Redacción
Ciudad de México.- La Administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, comenzó a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a políticos mexicanos prominentes que, según funcionarios del país de las barras y las estrellas, están vinculados a la corrupción relacionada con las drogas, informó el medio ProPublica.
Esta medida, indica dicho portal, se considera una posible escalada significativa de la presión de Estados Unidos sobre México.
Funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato con ProPublica, indicaron que se espera que más mexicanos sean objetivo de estas acciones y que se está trabajando sobre una lista de varias docenas de figuras políticas identificadas por agencias de aplicación de la ley e inteligencia por tener vínculos con el narcotráfico.
ProPublica abundó que la lista de posibles objetivos incluye a líderes de Morena, varios gobernadores y figuras políticas cercanas a su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Hasta el momento, dos figuras políticas han reconocido que se les ha prohibido viajar a Estados Unidos. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que a ella y a su esposo, Carlos Rodríguez, un exdiputado, se les notificó la revocación de sus visas estadounidenses.
Ávila declaró en una conferencia de prensa el lunes pasado, que el hecho de que el Departamento de Estado haya cancelado su visa "no significa que haya cometido algo malo".
Sheinbaum Pardo informó que su gobierno solicitó a funcionarios estadounidenses una explicación sobre la cancelación de la visa de Ávila, pero se le comunicó que estos asuntos son privados y no se proporcionó más información.
EL CASO AMÉRICO VILLARREAL
Reporteros mexicanos informaron que funcionarios de inmigración de EU también retiraron la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aunque un portavoz del mandatario desestimó esta afirmación como "no confirmada".
Villarreal ha sido acusado frecuentemente de tener vínculos con el narcotráfico, lo cual él ha negado. El mes pasado, el alcalde de Matamoros, la segunda ciudad más grande de Tamaulipas, fue impedido de cruzar la frontera hacia Brownsville, Texas, pero él también insistió en que su visa no había sido formalmente retirada. Un portavoz del Departamento de Estado se negó a comentar, señalando que los registros de visas son confidenciales según la ley estadounidense.
Funcionarios estadounidenses mencionaron que las acciones de visas probablemente estarán acompañadas, en algunos casos, por sanciones del Departamento del Tesoro. Estas sanciones buscan bloquear a los individuos para que no puedan realizar negocios con empresas estadounidenses y congelar los activos financieros que posean en Estados Unidos.
La gobernadora Ávila declaró que ella no tenía cuentas bancarias en Estados Unidos y que no enfrentaba tal sanción. Un portavoz del Departamento del Tesoro se negó a comentar sobre el plan de sanciones.
BAJO LA SECCIÓN 212
No obstante, las acciones de visas se están tomando bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que estipula que los no ciudadanos pueden ser declarados inelegibles para ingresar a Estados Unidos si el gobierno "sabe o tiene razones para creer" que el extranjero "es o ha sido un colaborador, cómplice, asistente, conspirador o coludido a sabiendas con otros en el tráfico ilícito" de drogas ilegales.
La ley también permite al Departamento de Estado cancelar las visas de familiares de un funcionario sancionado que puedan haberse beneficiado de sus ganancias ilícitas.
Y es que ProPublica sostiene que la revisión de la corrupción del narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información a agencias de aplicación de la ley y a la comunidad de inteligencia de EU sobre figuras políticas, gubernamentales y militares mexicanas con vínculos criminales.
Este grupo, bajo el liderazgo de un asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca, Anthony Salisbury, y supervisado por el jefe de gabinete adjunto, Stephen Miller, ha estado dando forma a la política de seguridad de la administración con México.
Un funcionario familiarizado con la lista del equipo dijo a ProPublica que esta se superpone con un archivo de aproximadamente 35 funcionarios mexicanos que fue compilado por investigadores de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 2019.
Esa lista anterior de la DEA buscaba identificar figuras gubernamentales mexicanas que pudieran ser procesadas penalmente por ayudar a los narcotraficantes. El esfuerzo de 2019 llevó a la acusación en EU del ex jefe de seguridad del país, Genaro García Luna, y su condena por cargos de drogas tres años después.
Con información de ProPublica
IMCM